¿Qué ocurre cuando un niño llora porque no quiere irse con su padre durante el fin de semana? ¿O cuando, después de compartir varios días con él, se niega a regresar a la casa de su madre? Son situaciones frecuentes entre familias con padres separados y que pueden generar conflictos incluso cuando existe un régimen de visitas establecido judicialmente.

El tema fue abordado por la abogada Francisca Henríquez en su espacio semanal de orientación jurídica en Radio Madero, donde explicó los alcances de la denominada relación directa y regular, nombre legal del régimen de visitas en Chile, y los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes cuando manifiestan su rechazo a cumplirlo.

La profesional precisó que este régimen busca garantizar que los hijos mantengan un vínculo cercano, frecuente y estable con el padre o madre con quien no viven habitualmente. Puede establecerse mediante acuerdos formalizados o por resolución de un tribunal de familia, fijando días, horarios y condiciones para los encuentros.

“Lo primero y más importante es determinar que este es un derecho de los niños. Tienen derecho a vincularse y mantener una relación cercana, estable y cotidiana con la mamá o con el papá con el que no viven”, enfatizó.

El mito de los 12 o 14 años: ¿cuándo pueden decidir los hijos?

Uno de los puntos centrales de la conversación fue aclarar una creencia extendida entre las familias: que al cumplir 12 o 14 años los hijos adquieren automáticamente el derecho a decidir con cuál de sus padres vivir.

Henríquez fue categórica al señalar que la legislación chilena no establece una edad específica para que los menores de 18 años puedan decidir unilateralmente sobre su cuidado personal o el cumplimiento del régimen de relación directa y regular.

“Eso de que el niño a los 14 años puede decidir si vive con el papá o con la mamá no es cierto. Es un mito”, sostuvo.

La abogada explicó que, si bien los niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión y esta debe ser considerada según su edad, madurez y circunstancias, ello no significa que deban asumir la responsabilidad de resolver los conflictos entre sus padres.

“Los niños tienen derecho a ser escuchados, a manifestar su opinión y a que esa opinión sea considerada, pero no pueden sentir la carga y la presión de resolver los conflictos entre los adultos”, advirtió.

Asimismo, aclaró que al cumplir 18 años deja de aplicarse el régimen de relación directa y regular propio de los menores de edad, aunque ello no implica necesariamente el término de una pensión de alimentos, pues ambas materias tienen regulaciones diferentes.

¿Qué hacer cuando un niño llora y se niega a cumplir las visitas?

La especialista explicó que no existe una respuesta única frente al rechazo de un niño a trasladarse entre los hogares de sus padres.

En algunos casos, la resistencia puede responder a situaciones puntuales, como interrumpir una actividad recreativa, separarse momentáneamente de familiares o enfrentar cambios en sus rutinas.

Por ejemplo, un niño puede negarse a regresar el domingo porque está disfrutando de un cumpleaños con sus primos, sin que ello signifique necesariamente que exista un problema con el padre o madre al que debe volver.

Sin embargo, cuando el rechazo se vuelve reiterado, aumenta su intensidad o aparece acompañado de señales de angustia persistente, es necesario investigar qué está ocurriendo.

“Hay que distinguir si esta expresión de los niños obedece a una situación puntual o es algo que comienza a ser reiterativo en el tiempo, que se profundiza y que se torna efectivamente una preocupación”, explicó Henríquez.

También advirtió que deben considerarse posibles situaciones de riesgo o vulneración de derechos, especialmente cuando existen antecedentes que hagan necesario solicitar medidas de protección o la revisión judicial del régimen vigente.

Tribunales pueden intervenir y solicitar evaluaciones profesionales

Cuando los padres no logran resolver estas dificultades, cualquiera de ellos puede recurrir al tribunal de familia para informar la situación y solicitar su intervención.

Según explicó la abogada, dependiendo de los antecedentes, el tribunal puede citar a los padres a una audiencia, disponer evaluaciones profesionales, solicitar apoyo especializado o adoptar medidas destinadas a proteger el bienestar del niño.

Henríquez recomendó que, cuando sea posible y no existan situaciones de riesgo, los padres intenten primero identificar las causas del problema y buscar orientación de profesionales especializados en infancia.

La separación reciente de los padres, los conflictos familiares y los procesos de adaptación pueden influir en la disposición de los niños a cumplir los encuentros establecidos.

“Muchos papás toman una primera decisión de buscar ayuda profesional para saber qué decirles, qué no decirles, cómo afrontar ese momento y encontrar herramientas apropiadas para cada niño”, señaló.

La profesional recalcó que las necesidades de un niño de tres años son distintas de las de un adolescente de 15, por lo que las estrategias deben adaptarse a su desarrollo emocional y capacidad de comprensión.

Escuchar a los hijos no significa obligarlos a elegir entre sus padres

Otro aspecto relevante es el derecho de los niños a ser escuchados durante los procedimientos judiciales que afectan su vida familiar.

La abogada explicó que los tribunales deben considerar sus opiniones en materias como cuidado personal, relación directa y regular o eventuales modificaciones y suspensiones del régimen.

Sin embargo, advirtió que escuchar a un niño no significa trasladarle la responsabilidad de decidir el resultado del juicio.

También llamó a evitar cualquier intento de influir en sus declaraciones, prepararlos para responder preguntas judiciales o generarles temor respecto de las consecuencias de expresar sus sentimientos.

“A los niños no se les prepara para ir a los juicios, no se les dice lo que tienen que contestar ni se les hace una especie de borrador respecto de lo que deben decir”, enfatizó.

La profesional recordó que los tribunales cuentan con magistrados, consejeros técnicos y otros profesionales especializados que pueden intervenir para evaluar las circunstancias familiares y detectar eventuales presiones.

Finalmente, Henríquez insistió en que el interés superior del niño debe orientar todas las decisiones, por sobre las diferencias personales entre los adultos.

La recomendación es identificar las razones del rechazo, escuchar a los hijos sin presionarlos, favorecer el diálogo entre los padres y solicitar apoyo profesional o judicial cuando las dificultades persistan.