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Familiares de víctimas de la dictadura exigen al Parlamento proteger la independencia del INDH

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La Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares alertó sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, llamando a resguardar las atribuciones del organismo, asegurar su financiamiento para 2027 y rechazar cualquier intento de debilitar su rol autónomo.

por | Oct 23, 2026 | Sociedad

Frente al proyecto ingresado al Congreso por el Ejecutivo que busca modificar las atribuciones y la estructura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos emitió una declaración pública para exigir la protección de su autonomía.

La iniciativa gubernamental propone reducir de 11 a cinco los integrantes del Consejo del INDH, crear una dirección ejecutiva administrativa y reemplazar la facultad de presentar querellas criminales por una denuncia institucional ante las autoridades competentes, manteniendo los recursos de amparo y protección.

Llamado a los legisladores y rechazo a modificaciones estructurales

Ante este escenario, la organización hizo un llamado urgente a diputados y senadores a asumir su responsabilidad democrática y no respaldar iniciativas que comprometan la independencia de la institución.

“La discusión no puede reducirse a una cuestión administrativa o presupuestaria: está en juego la fortaleza de las garantías que protegen los derechos humanos en Chile”, advirtieron desde la agrupación.

Asimismo, exigieron que se rechace “categóricamente cualquier disposición legislativa que intente debilitar sus facultades”, demandando que el INDH cuente indispensablemente con autonomía efectiva, presencia territorial y una participación real de la sociedad civil en el debate legislativo.

Demanda por presupuesto y resguardo de la memoria

Las agrupaciones recalcaron la urgencia de garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento del organismo de cara al año 2027, advirtiendo que las modificaciones normativas deben ajustarse rigurosamente a los estándares internacionales.

Finalmente, los familiares reafirmaron su compromiso de mantenerse vigilantes y recordaron que la protección de los derechos humanos “no pertenece a un gobierno ni sector político determinado, sino que constituye una obligación permanente del Estado”.

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