La controversia por las pérdidas registradas en los fondos de pensiones, particularmente en el Fondo E, considerado el más conservador del sistema de AFP, abrió un debate sobre la administración de los ahorros previsionales, la exposición a instrumentos financieros y la responsabilidad de las instituciones encargadas de supervisar estas inversiones.

Durante su participación en el espacio Seguridad y Finanzas de Radio Madero, el analista Jaime Ansieta abordó los factores que explicarían estas pérdidas y cuestionó que los afiliados no cuenten con información suficientemente clara sobre los riesgos que enfrentan sus ahorros, especialmente cuando se encuentran próximos a jubilar.

El especialista comenzó aclarando que las pérdidas financieras no constituyen, por sí mismas, un delito. Sin embargo, planteó que esto no excluye la posibilidad de establecer responsabilidades administrativas o de gestión, particularmente si existieron advertencias previas sobre una exposición excesiva al riesgo.

“Hasta el momento no hay delito”, señaló, aunque insistió en que corresponde investigar las decisiones adoptadas por las administradoras y determinar si actuaron conforme a sus obligaciones de prudencia y gestión de riesgos.

Riesgos en el fondo conservador, advertencias y conflicto de interés

Ansieta explicó que ningún instrumento financiero está completamente libre de riesgo, señalando la relación entre el alza de tasas de interés y la baja en el precio de los bonos. No obstante, distinguió entre los riesgos propios de estos instrumentos y aquellos derivados de operaciones adicionales como los swaps de tasas de interés, cuestionando si tales estrategias fueron consistentes con el perfil conservador del Fondo E.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la existencia de advertencias sobre riesgos financieros identificados en informes del Banco Central desde 2024 y 2025, así como de la Superintendencia de Pensiones. Ansieta sostuvo que es indispensable establecer qué información recibieron las administradoras y qué medidas adoptaron sus gerencias y directorios.

Asimismo, propuso investigar los incentivos económicos de quienes administran las inversiones previsionales, planteando revisar si determinadas estrategias de mayor riesgo estuvieron relacionadas con mecanismos de remuneración variable o bonos por desempeño. Aclaró que se trata de una hipótesis que requiere antecedentes documentales y no de una irregularidad acreditada.

Pérdidas millonarias, impacto en afiliados y debate del sistema

La magnitud del problema quedó reflejada en antecedentes que situaron en US$7.700 millones la valoración negativa en derivados de tasas extranjeras (Bloomberg, 13 de octubre) y un análisis de Diario Financiero que estimó un deterioro de aproximadamente US$11.600 millones por swaps locales y extranjeros durante 2026. Según la Superintendencia de Pensiones, el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de 2026.

Respecto a las contrapartes beneficiadas por estas operaciones, identificadas en parte como bancos internacionales (entre ellos Bank of America y Citigroup), el analista señaló que corresponde transparentar las condiciones de los contratos y las liquidaciones realizadas. No obstante, descartó que las pérdidas sean un argumento para terminar con el sistema de capitalización individual, defendiendo la importancia del ahorro previsional personal frente a las presiones fiscales de los sistemas de reparto.

La controversia adquiere especial relevancia ante la entrada en vigor, el próximo 4 de noviembre, de límites más estrictos para operaciones con derivados, establecidos por la Superintendencia de Pensiones. “Lo que no puede ser es que no haya responsable, aunque no haya delito”, concluyó Ansieta.