El Gobierno Regional de Coquimbo alcanzó una ejecución presupuestaria del 37,4% entre enero y agosto, lo que equivale a $34.247 millones de un total de $91.552 millones disponibles para el año. Así lo revela el último informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), situando a la región en el puesto número 12 de las 16 regiones del país, por debajo del promedio nacional que se ubica en el 45%.

La cifra, que deja más de $57 mil millones sin ejecutar, abrió el debate al interior del Consejo Regional (CORE) sobre la necesidad de dinamizar la inversión pública y agilizar los procedimientos antes del cierre del año presupuestario.

Preocupación por plazos administrativos y riesgo en Contraloría

Desde el Consejo Regional, las reacciones apuntaron tanto a la urgencia de concretar obras como a los nudos críticos que entraban la ejecución. El consejero Francisco Corral advirtió sobre el peligro de concentrar trámites en los meses finales del año:

“Necesitamos acelerar la ejecución de la inversión y los desembolsos de los recursos disponibles para 2026. La ejecución de 37,4% a agosto […] es inferior al promedio nacional, lo que exige priorizar proyectos viables, asegurar los pagos de obras en ejecución y atender las necesidades más urgentes de la región”, sostuvo, alertando que la acumulación de trámites de toma de razón en la Contraloría General de la República podría impedir que los fondos se desembolsen a tiempo.

Asimismo, Corral cuestionó las solicitudes de rebajas presupuestarias presentadas por el Ejecutivo ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES) —como la devolución de $6.000 millones del Fondo de Apoyo Regional (FAR)—, señalando que reducir el presupuesto para mejorar porcentualmente la ejecución estadística no se traduce en soluciones reales para la ciudadanía.

Avance respecto al año anterior y factores externos

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto del CORE, Max Aguirre, puso paños fríos al destacar que el indicador muestra una mejora en comparación con el ejercicio anterior, cuando a la misma fecha la ejecución llegaba al 25,9%.

Aguirre también recalcó que el ritmo de gasto no recae exclusivamente en el Gobierno Regional, sino que depende de las capacidades de los municipios y servicios públicos ejecutores:

“Son ellos los responsables de obtener las recomendaciones y la elegibilidad técnica de las iniciativas que postulan a financiamiento. Posteriormente, estos proyectos deben ser presentados al Consejo Regional para su aprobación”, explicó, añadiendo que los informes oficiales a veces demoran en reflejar transferencias de recursos ya efectuadas a las entidades ejecutoras.