El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (IND.-PPD), solicitó a la Superintendencia de Pensiones investigar las pérdidas reportadas por Bloomberg en inversiones de los fondos previsionales vinculadas a tasas de interés de Estados Unidos. El parlamentario pidió transparentar sus efectos e identificar eventuales responsabilidades de las administradoras.

Según la publicación, las posiciones en derivados de tasas de interés extranjeras registraban en septiembre una valoración negativa de US$7.700 millones. La cifra corresponde al valor de mercado de esos contratos y no permite establecer, por sí sola, cuánto perdió cada afiliado ni cuánto se ha materializado al cerrar las operaciones.

Pide que se informen a cada cotizante

Frente a estos antecedentes, Araya requirió que el organismo fiscalizador emita una instrucción general que obligue a las AFP a entregar información detallada sobre las consecuencias para el sistema previsional y las cuentas individuales.

“Estamos oficiando a la Superintendencia de Pensiones, pidiéndole que emita una circular que obligue a las AFP a informar de manera detallada cuáles son los efectos sistémicos de estas pérdidas, pero además que informe a cada cotizante cuál es el daño que han producido en su capitalización individual”, señaló.

El legislador también solicitó identificar a las administradoras involucradas y evaluar sanciones si la investigación acredita negligencia, culpa o dolo en la gestión de los recursos. “Queremos saber qué AFP están involucradas. Hay una obligación de transparencia con los cotizantes”, afirmó.

Las operaciones descritas por Bloomberg corresponden a contratos financieros que se beneficiaban de una baja de las tasas estadounidenses. El aumento de esas tasas deterioró su valor, mientras nuevas exigencias regulatorias obligan a las AFP a reducir su exposición a estos instrumentos.

Conocer impacto económico

La Superintendencia, consultada por Bloomberg, sostuvo que las administradoras dispusieron de un plazo ampliado para adecuarse a la normativa y que ya habían reducido una parte significativa de las posiciones excedentes. También señaló que deben gestionar ese proceso resguardando el interés de sus afiliados.

Araya insistió en que la fiscalización debe esclarecer tanto el impacto económico como la existencia de eventuales incumplimientos. Las pérdidas financieras reportadas, por sí solas, no acreditan las conductas que el diputado pide investigar.

“Los trabajadores tienen derecho a saber qué pasó con su dinero, cuánto se perdió y quiénes son los responsables”, concluyó el parlamentario.