Mientras la dirección nacional del organismo enfrenta cuestionamientos por la ausencia de una alerta de evacuación ante el desastre que golpeó a Las Condes, en Antofagasta estalla otra crisis: la controvertida salida de Ricardo Munizaga, un histórico de la gestión regional de emergencias. Con más de 26 años de experiencia profesional y 11 años al frente de la institucionalidad regional, el funcionario se resiste a abandonar su cargo sin explicaciones técnicas.

Dos conflictos distintos, una misma institución y varias dudas que quedan a la vista.

Senapred hace aguas. Y no solamente por los torrentes de barro, piedras y agua que el jueves 8 de octubre descendieron sobre San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, arrastrando vehículos, inundando viviendas y dejando al descubierto las limitaciones del sistema de alertamiento de emergencias.

A más de 1.300 kilómetros de Santiago, en Antofagasta, otro frente amenaza con desbordar a la institución: la solicitud de renuncia a uno de sus directores regionales más experimentados, en medio de cuestionamientos técnicos, tensiones administrativas y un cambio de gobierno que abre interrogantes sobre los criterios utilizados para remover a quienes conducen la prevención de desastres.

La coincidencia resulta particularmente incómoda para la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián López. Mientras debe explicar por qué no se emitió una alerta SAE de evacuación antes del aluvión que afectó a Las Condes, enfrenta también la controversia por haber solicitado la renuncia del director regional de Antofagasta, Ricardo Munizaga Cuevas, quien asegura que no recibió fundamentos técnicos ni antecedentes de incumplimientos que justificaran su salida. Dos crisis simultáneas que, aunque de naturaleza diferente, ponen bajo examen -también desde el norte- la conducción de un servicio cuya principal misión es anticiparse a las emergencias.

Antofagasta: el histórico que se niega a salir sin explicaciones

Ricardo Munizaga no es un recién llegado al complejo mundo de las catástrofes. Con más de 26 años de trayectoria profesional y 11 años encabezando la gestión regional de emergencias, primero en la antigua Onemi y luego en Senapred, su nombre está asociado a algunos de los episodios más complejos que ha enfrentado Antofagasta durante la última década.

Su experiencia comprende una región donde la amenaza de terremotos y tsunamis convive con quebradas aluvionales, precipitaciones altiplánicas, localidades aisladas, extensas operaciones mineras y asentamientos humanos que avanzan sobre territorios expuestos a riesgos naturales.

Uno de los hitos más dramáticos de su período fue el aluvión de Tocopilla de agosto de 2015, que dejó ocho personas fallecidas, dos desaparecidas y una ciudad profundamente dañada. Aquella emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta regional y dejó lecciones sobre evacuaciones, infraestructura y coordinación institucional.

En julio de 2024, el terremoto de magnitud 7,3 registrado en la provincia de El Loa volvió a exigir el despliegue de los organismos de emergencia, con evaluaciones de infraestructura, conectividad y servicios básicos. A ello se suman los episodios de precipitaciones estivales, activación de quebradas y amenazas aluvionales que periódicamente afectan a comunas como Calama, San Pedro de Atacama, Taltal y Tocopilla.

Más recientemente, durante 2026, Munizaga encabezó la coordinación de ejercicios preventivos, incluido el simulacro de tsunami que movilizó a más de 95 mil personas en comunas del litoral regional. También estuvo al frente de la institucionalidad durante las lluvias y emergencias que afectaron distintos puntos de Antofagasta, entre ellas los nuevos flujos aluvionales registrados en Tocopilla.

De la ratificación con Boric a la solicitud de renuncia bajo Kast

La controversia tiene además una dimensión política difícil de ignorar.

En julio de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, fue la propia Alicia Cebrián, entonces directora nacional subrogante, quien comunicó la continuidad de Munizaga tras superar las etapas del concurso de Alta Dirección Pública.

Dos años después, bajo la administración del presidente José Antonio Kast, la misma autoridad nacional le solicita dejar el cargo.

Munizaga asegura que la petición no estuvo acompañada de evaluaciones negativas ni fundamentos técnicos conocidos por él. También denunció que, después de rechazar su renuncia, fueron deshabilitadas sus cuentas y accesos institucionales.

La situación ocurre bajo una nueva configuración del poder político regional, encabezado por la delegada presidencial Katherine López, y abre preguntas sobre el alcance de la confianza política en cargos que requieren competencias técnicas y continuidad operativa.

Una región que sigue esperando respuestas frente a sus quebradas

La situación de Munizaga tampoco puede analizarse al margen de deficiencias detectadas en la prevención de riesgos en Antofagasta.

Un reciente informe de Contraloría reveló que el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la ciudad llevaba más de 23 años sin actualizarse. La fiscalización también examinó infraestructura aluvional por más de $10 mil millones y detectó problemas de mantención, ocupación de zonas expuestas y observaciones en la ejecución de obras.

El diagnóstico es preocupante para una ciudad marcada por sus 100 muertos con el aluvión de 1991 y que continúa expandiéndose hacia sectores donde la relación entre urbanización y quebradas constituye una amenaza permanente.

Las Condes: cuando el agua llegó antes que la alerta

Mientras en Antofagasta se discutía la continuidad de su director regional, en la Región Metropolitana el aluvión de Las Condes puso bajo escrutinio la capacidad de anticipación de Senapred.

El desastre ocurrido el jueves 8 de octubre dejó personas lesionadas, viviendas dañadas, vehículos arrastrados y una investigación destinada a esclarecer sus causas y eventuales responsabilidades.

Pero una de las preguntas más sensibles surgió después de la emergencia: ¿por qué no se envió una alerta SAE de evacuación antes de que el barro descendiera sobre los sectores afectados?

Alicia Cebrián explicó que se trató de un fenómeno súbito, sin tiempo suficiente para definir una evacuación preventiva. También reconoció una limitación estructural: Chile no cuenta con un sistema de monitoreo de remociones en masa capaz de anticipar directamente la activación de quebradas.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respaldó la explicación y sostuvo que una evacuación sin delimitación precisa de las zonas amenazadas podía incluso incrementar los riesgos.

La defensa oficial plantea un problema que merece un análisis técnico y no solamente político. La ausencia de una alerta no demuestra, por sí sola, una negligencia. Para establecer responsabilidades será necesario determinar qué información meteorológica y geológica existía antes del evento, cuándo estuvo disponible, quién la recibió y si había condiciones para activar medidas preventivas.