¿Qué ocurre si una emergencia sorprende a los trabajadores y la jefatura no está presente? ¿Deben esperar una orden para evacuar? ¿Puede una empresa sancionar a quien abandona su puesto porque considera que su vida está en peligro?

Son algunas de las interrogantes que abordó la abogada Gabriela Carrasco, magíster en Gobernanza Territorial y Políticas Públicas y académica de Derecho Internacional de la Universidad Católica del Norte, durante un nuevo capítulo de “Tienen que Saberlo”, programa presentado por la Federación Minera de Chile y auspiciado por el Estudio Jurídico Cifuentes y Asociados.

La conversación se desarrolló en momentos en que las recientes emergencias meteorológicas del norte han vuelto a instalar la discusión sobre la responsabilidad de las empresas frente a lluvias intensas, activaciones de quebradas, inundaciones, nieve y otras situaciones capaces de modificar rápidamente las condiciones de seguridad analisada de una faena.

“Proteger eficazmente la vida y la salud”

Carrasco explicó que el punto de partida se encuentra en el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece obligaciones permanentes para el empleador en materia de protección de la vida y salud de sus trabajadores.

La especialista puso énfasis en el concepto de protección “eficaz”.

Según explicó, no basta con que una empresa señale que realiza capacitaciones periódicas o que entrega elementos de protección personal. Las medidas adoptadas deben ser efectivamente capaces de enfrentar los riesgos asociados al trabajo.

“Tú tienes que demostrar que tomaste todas las medidas conducentes a impedir que durante el desarrollo de las labores el trabajador o trabajadora sufriera algún daño”, sostuvo Carrasco.

Esto supone identificar riesgos, informar a los trabajadores, mantener protocolos y cumplir permanentemente las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.

¿Cuál es la diferencia con el artículo 184 bis?

La abogada explicó que ambas disposiciones son complementarias, pero responden a escenarios distintos.

Mientras el artículo 184 establece el deber permanente de protección, el 184 bis aborda específicamente aquellas circunstancias en que aparece un riesgo grave e inminente para la vida o salud de las personas.

Una inundación, un terremoto, la activación de una quebrada o una emergencia dentro de una faena pueden transformar rápidamente un escenario laboral normal en uno donde ya no resulta razonable mantener a los trabajadores desarrollando sus funciones.

Esta distinción, señaló Carrasco, es fundamental para comprender los derechos que se activan durante una emergencia.

Si el jefe no está, no hay que esperar frente a un peligro inminente

Uno de los puntos centrales de la entrevista surgió al plantear qué debe hacer una persona cuando enfrenta un peligro inmediato y el empleador o la jefatura no se encuentra físicamente en el lugar.

Carrasco fue clara en señalar que la protección de la vida del trabajador no puede quedar paralizada esperando una instrucción.

Si se configura una situación de riesgo grave e inminente, los trabajadores pueden interrumpir sus labores y evacuar del lugar.

“No necesitas esperar a que esté tu empleador, porque la ley justamente te va a entregar este ámbito de protección”, explicó.

Sin embargo, estableció una condición relevante: la apreciación del peligro debe ser razonable y de buena fe. No cualquier inconveniente constituye jurídicamente un riesgo grave e inminente que justifique interrumpir las labores.

La importancia de dejar registro

Carrasco recomendó además que, cuando un trabajador deba actuar frente a una situación de estas características, comunique lo sucedido al empleador lo antes posible.

Idealmente, señaló, debe existir trazabilidad.

“Siempre es bueno que quede una trazabilidad; ojalá mejor que sea escrito”, indicó, mencionando entre las alternativas una comunicación mediante correo electrónico.

Este registro puede resultar especialmente relevante posteriormente para establecer qué ocurrió, qué peligro fue advertido, cuándo se tomó la decisión y cuándo fue informada la empresa.

¿Evacuar puede considerarse abandono del trabajo?

Otra de las interrogantes abordadas fue la eventual aplicación del artículo 160 N°4 del Código del Trabajo, relacionado con determinadas hipótesis de abandono del trabajo.

Carrasco hizo una distinción fundamental: no es equivalente abandonar injustificadamente el puesto de trabajo que salir de una zona para proteger la propia vida o salud frente a un riesgo grave e inminente.

“Si tú te vas sin ninguna justificación” se configura un escenario diferente, explicó la abogada.

En cambio, cuando existe una situación que razonablemente amenaza la integridad del trabajador, la normativa contempla un ámbito de protección precisamente para evitar que la persona deba escoger entre permanecer en peligro o exponerse a una sanción laboral.

No solo ocurre en la minería

Aunque la conversación estuvo marcada por las emergencias que han afectado a faenas mineras del norte, Carrasco enfatizó que el deber general de protección alcanza a distintos sectores productivos.

Un ejemplo puede encontrarse en establecimientos comerciales afectados por filtraciones o inundaciones.

Si una rotura de matriz provoca acumulación de agua, instalaciones eléctricas comprometidas u otras condiciones inseguras, el problema deja de ser simplemente operacional y puede transformarse en una cuestión de seguridad laboral.

Algo similar podría ocurrir en establecimientos educacionales después de precipitaciones si existen daños en techumbres, sistemas eléctricos u otras estructuras.

La clave, según explicó la especialista, es evaluar la magnitud y naturaleza del riesgo.

Cuando no existe peligro inminente también se puede denunciar

Carrasco distinguió además las emergencias inmediatas de aquellas situaciones en que las condiciones laborales son deficientes, pero no necesariamente existe un peligro que obligue a evacuar en ese momento.

En estos casos, explicó, los trabajadores pueden recurrir a la Dirección del Trabajo para solicitar una fiscalización.

“Si estás en una situación que no es de riesgo inminente, sino que la condición sanitaria o de higiene no es la más óptima, tú puedes requerir a la Dirección del Trabajo, a través de la Inspección del Trabajo, que active un procedimiento de fiscalización”, señaló.

Dependiendo del problema, también puede existir intervención de la autoridad sanitaria.

La fiscalización permitirá determinar si las condiciones cumplen las exigencias correspondientes y, si existen deficiencias suficientemente graves, adoptar las medidas necesarias antes de continuar desarrollando determinadas labores.

El ejemplo de una farmacia

Para ilustrar hasta dónde puede extenderse el concepto de seguridad laboral, Carrasco relató el caso de trabajadores de una farmacia de La Araucanía que habían enfrentado episodios reiterados de asaltos.

Los trabajadores solicitaron una fiscalización y, según relató, durante el propio procedimiento se produjo un nuevo intento delictual.

El caso permitió evaluar las condiciones de seguridad del establecimiento y exigir medidas antes de permitir la normalización de las actividades.

El ejemplo resulta relevante porque demuestra que los riesgos laborales no están asociados exclusivamente a accidentes industriales, maquinaria o eventos naturales. Dependiendo de las circunstancias, la exposición reiterada a hechos de violencia también puede exigir medidas preventivas del empleador.

Emergencias climáticas obligan a anticiparse

Las lluvias, nevazones y activaciones de quebradas ocurridas en el norte durante los últimos meses han otorgado una dimensión adicional a esta discusión.

La prevención laboral, planteó Carrasco, no puede comenzar cuando la emergencia ya está desarrollándose.

Las empresas deben contar previamente con información sobre los riesgos, protocolos y mecanismos que permitan reaccionar cuando las condiciones cambian.

En sectores como la minería de alta cordillera, donde las distancias, la conectividad y las condiciones meteorológicas pueden dificultar una evacuación, esta anticipación adquiere todavía mayor importancia.

El mensaje central de la especialista apunta así a una distinción fundamental: el artículo 184 obliga a prevenir permanentemente; el 184 bis entrega herramientas cuando esa prevención enfrenta un peligro grave e inminente.

Y cuando ese peligro amenaza efectivamente la vida o salud, sostuvo Carrasco, la legislación no exige que un trabajador permanezca expuesto esperando que llegue una jefatura para comenzar a protegerse.