1. Una autorización por un supuesto bautizo que terminó abriendo la puerta a dos salidas

La historia comenzó durante la segunda semana de agosto, cuando la defensa de N.Q.H., condenado a 10 años de internación por homicidio calificado, presentó una cautela de garantías ante el Juzgado de Garantía de Copiapó. El objetivo era conseguir autorización para que el joven pudiera salir y participar en charlas prebautismales en la Catedral de Copiapó, como preparación para el supuesto bautizo de su hijo.

Sin embargo, este punto terminó convirtiéndose en uno de los principales antecedentes expuestos por la Fiscalía. De acuerdo con el fiscal de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica, Luis Miranda Flores, las diligencias realizadas junto a la Brigada de Homicidios de la PDI establecieron que no existían horarios acreditados de las charlas, inscripción en libros parroquiales ni reserva del templo.

Inicialmente, desde el CIP-IRC se había señalado que una eventual salida debía realizarse obligatoriamente bajo vigilancia y custodia de Gendarmería, además de las correspondientes medidas de seguridad. No obstante, la autorización otorgada por el tribunal el 26 de agosto permitió efectuar los traslados sin Gendarmería y sin esposas, grilletes u otros mecanismos de sujeción, quedando el condenado acompañado únicamente por funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

La primera salida ocurrió el 2 de septiembre. Según la Fiscalía, una tutora y un conductor trasladaron al condenado hacia el centro de Copiapó. Durante el recorrido, la funcionaria le habría facilitado su teléfono celular, permitiéndole mantener contacto con personas externas.

Pero el destino, según la investigación, no habría sido la Catedral. Los tres abordaron posteriormente otro vehículo y llegaron hasta un departamento donde N.Q.H. recibió ropa y calzado de recambio de parte de su red de apoyo. Luego regresaron al vehículo institucional.

Para el Ministerio Público, este primer episodio resulta clave porque permitió establecer que ya existían contactos externos, cambios de vehículo, desvíos de la ruta originalmente autorizada y entrega de vestimenta, irregularidades que no habrían sido comunicadas a la jefatura.

2. La segunda salida, una motocicleta y la fuga que no fue alertada inmediatamente

El episodio decisivo ocurrió durante la tarde del 3 de septiembre. Cerca de las 17:30 horas, el condenado volvió a salir desde el recinto ubicado en Paipote en un furgón institucional, conducido por el mismo funcionario que había participado en el traslado anterior y acompañado esta vez por otro tutor.

La Fiscalía sostiene que nuevamente se le facilitó un teléfono celular para realizar llamadas de coordinación. Además, pese a las restricciones existentes, los funcionarios habrían accedido a desviar el recorrido hasta una toma ubicada en el sector de calle Andacollo.

Alrededor de las 18:30 horas, dos hombres llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, conversaron con el condenado y posteriormente N.Q.H. se alejó del sector y concretó su fuga.

Uno de los puntos cuestionados por la Fiscalía fue lo ocurrido inmediatamente después. El vehículo institucional habría regresado al centro de Copiapó cerca de las 21:02 horas, mientras que alrededor de veinte minutos antes el conductor habría comunicado mediante WhatsApp lo sucedido a su jefatura.

La denuncia formal ante Carabineros, en tanto, se concretó recién alrededor de las 22:00 horas. De esta manera, la investigación busca establecer las responsabilidades derivadas no solamente de las circunstancias que hicieron posible la fuga, sino también de la demora en comunicar formalmente la evasión.

La Fiscalía considera que los acontecimientos del 2 y 3 de septiembre no pueden analizarse de manera aislada. Para el fiscal Miranda, los hechos investigados requerían un concierto previo entre los involucrados, tesis que, sin embargo, no fue compartida en esos términos por el tribunal al momento de resolver las cautelares.

3. Una red para ocultarlo y llevarlo a Antofagasta hasta que la PDI dio con su paradero

La fuga desde calle Andacollo no terminó con la salida del condenado del vehículo institucional. La investigación permitió reconstruir una segunda etapa relacionada con la cobertura, ocultamiento y posterior traslado fuera de la Región de Atacama.

Según la Fiscalía, después de escapar, N.Q.H. llegó hasta un domicilio de Paipote, cuya propietaria corresponde a una educadora de trato directo que también figura como imputada. Alrededor de las 18:33 horas de ese mismo día, la mujer habría coordinado con una familiar la recepción del prófugo e instruido que le entregaran comida. Un adolescente vinculado familiarmente con la dueña del inmueble habría limpiado previamente el lugar.

A la mañana siguiente comenzaron nuevas coordinaciones. La investigación sostiene que distintas personas participaron en la planificación para sacar al prófugo de Copiapó y trasladarlo en un vehículo particular hasta Antofagasta, viaje que finalmente se concretó durante esa jornada.

La PDI desarrolló entonces dos líneas investigativas paralelas: encontrar al condenado y establecer quiénes habían participado en su fuga. Las diligencias permitieron identificar vínculos entre ocho personas y reconstruir el desplazamiento realizado desde Copiapó.

Finalmente, detectives de la Brigada de Homicidios, en coordinación con personal policial de Antofagasta, ubicaron al joven en un asentamiento irregular de esa ciudad, donde fue detenido y posteriormente trasladado nuevamente a Copiapó.

La Fiscalía formalizó a cuatro funcionarios públicos por facilitación para la evasión de condenado, mientras que los particulares enfrentan imputaciones por delitos como obstrucción a la investigación, encubrimiento y facilitación a la evasión.

El tribunal dio por acreditada, para efectos de esta etapa procesal, la existencia del delito de facilitación para la evasión, aunque rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para seis de los detenidos y tampoco accedió a la internación provisoria del adolescente investigado. En su lugar, estableció medidas cautelares de menor intensidad y un plazo de cuatro meses de investigación.

En paralelo, la Fiscalía solicitó que N.Q.H. fuera ingresado a la cárcel de Copiapó considerando su peligrosidad, petición que fue rechazada inicialmente por el juez de turno. Una nueva audiencia deberá abordar esta materia luego de contar con un informe solicitado a Gendarmería.