En conversación con los estudios de Radio Madero, el analista de Seguridad y Finanzas sostuvo que abordar el crimen organizado únicamente mediante el decomiso de sustancias y la persecución penal de los vendedores de droga resulta una estrategia insuficiente. El especialista apuntó a la urgencia de reducir la demanda mediante políticas preventivas, fortalecer la participación ciudadana a través de la denuncia anónima y resolver las barreras estructurales que enfrentan las personas que salen de prisión para reinsertarse laboral y socialmente en sus comunidades.

Reducción de la demanda y análisis integral del mercado ilegal

El combate contra el narcotráfico requiere de una estrategia integral y de largo aliento que vaya más allá de la persecución de quienes comercializan drogas en los barrios, abarcando desde la prevención del consumo hasta la reinserción efectiva de quienes han cumplido condenas en recintos penitenciarios. Así lo planteó el analista de Seguridad y Finanzas, Jaime Ansieta, durante su participación en los estudios de Radio Madero.

Ansieta cuestionó de manera particular la efectividad y el impacto de los programas preventivos de corta duración que se implementan habitualmente, sosteniendo que el narcotráfico debe ser analizado como una cadena compleja: en ella coexiste una demanda sostenida de drogas, organizaciones dispuestas a abastecerla y un mercado ilegal altamente lucrativo que posteriormente desencadena disputas territoriales, circulación de armas de fuego, operaciones de lavado de activos y episodios de violencia.

“El traficante es una parte del problema y no es el problema mayor.”

En ese sentido, el analista apuntó a que reducir la demanda de sustancias a través de políticas públicas de prevención profunda y tratamientos de rehabilitación de adicciones debería tener un peso considerablemente mayor dentro de las estrategias de seguridad del Estado.

Asimismo, Ansieta sostuvo que el crecimiento en las cifras de incautaciones de droga no se traduce necesariamente en que haya menos sustancias circulando o disponibles en el mercado. Según su análisis, si las polícías y las autoridades aumentan los decomisos de cargamentos y aquello no se refleja en una disminución apreciable de la oferta ilegal ni en un alza significativa de los precios al consumidor, resulta imprescindible preguntarse por la verdadera dimensión y magnitud del mercado ilegal.

La ciudadanía como pieza clave frente al crimen organizado y la narcopolítica

Otro de los ejes centrales abordados durante la entrevista fue el rol de las comunidades y la participación ciudadana en la prevención del delito. Ansieta sostuvo que las policías e instituciones estatales no poseen la capacidad operativa ni los recursos para mantener una presencia permanente en la totalidad de los territorios, razón por la cual la información territorial aportada por las y los vecinos resulta determinante para detectar y desarticular actividades delictivas en los barrios.

“La única posibilidad que tenemos de combatir al crimen organizado es que trabajemos de manera conjunta.”

En este contexto, el especialista destacó el valor de recurrir a mecanismos de denuncia anónima como el programa Denuncia Seguro, herramienta institucional orientada a recopilar antecedentes e información sobre la comisión de delitos sin requerir la identificación del denunciante. Ansieta señaló haber participado, desde su ámbito profesional, en las etapas iniciales vinculadas a la implementación de dicho sistema, haciendo un llamado a la población a utilizar de manera constante los canales oficiales disponibles.

Durante la transmisión, el analista también abordó las inquietudes de los auditores respecto a la denominada narcopolítica y la posibilidad de que organizaciones criminales financien campañas electorales. Sobre este punto, Ansieta explicó que existen antecedentes en el ámbito internacional sobre grupos de narcotráfico que intentan penetrar estructuras políticas para obtener protección, impunidad o cuotas de influencia.

Sin embargo, respecto de la realidad en Chile, fue enfático en mantener la cautela, precisando que cualquier eventual vínculo de esa índole requiere de antecedentes rigurosos y verificables. En materia de financiamiento de la política, argumentó que una mera sospecha o hipótesis de trabajo no constituye por sí misma una evidencia sobre la participación del narcotráfico.

Reinserción social: salir de la cárcel no es suficiente

La segunda parte del diálogo en Radio Madero estuvo enfocada en uno de los eslabones más complejos de la cadena de la seguridad pública: la situación en que queda una persona una vez que abandona un centro de cumplimiento penitenciario.

Para Ansieta, el solo hecho de cumplir una pena privativa de libertad, acceder a un beneficio penitenciario o participar de talleres intrapenitenciarios no garantiza por sí solo que la persona logre una reinserción social exitosa en el medio libre.

“Es muy difícil que las personas cambien cuando el entorno sigue siendo el mismo.”

El analista identificó una multiplicidad de factores críticos que terminan empujando a quienes recuperan la libertad de regreso hacia el circuito de las actividades delictivas:

• Retorno al territorio de origen: Volver al mismo entorno barrial donde operan organizaciones criminales y redes de microtráfico.

• Problemas de salud mental y adicciones: La persistencia en el consumo de drogas o alcohol sin un acompañamiento terapéutico postpenitenciario.

• Estigmatización y discriminación: El rechazo social derivado de contar con antecedentes penales en el certificado de antecedentes.

• Falta de oportunidades laborales: La imposibilidad de acceder a un empleo formal o a medios de subsistencia legítimos.

En esa línea, Ansieta enfatizó que la reinserción social no puede sostenerse de forma exclusiva en la voluntad individual o el esfuerzo personal de quien sale de prisión, sino que demanda un compromiso coordinado donde el Estado, las empresas privadas y la comunidad generen las condiciones estructurales para ofrecer una trayectoria de vida distinta.

“Depende no solamente de la voluntad de la persona. Depende del espacio que la sociedad le quiere asignar.”

Con ello, el analista cuestionó las políticas penitenciarias que concentran la mayor parte de sus recursos y esfuerzos dentro de los muros de las cárceles, pero pierden continuidad y seguimiento una vez que las personas regresan a sus comunidades de origen.

Para finalizar, Ansieta advirtió que el verdadero desafío de la seguridad pública consiste en abordar la reinserción como un proceso continuo y completo. Este debe incorporar tratamiento especializado de adicciones cuando corresponda, capacitación técnica orientada al mercado laboral, acompañamiento psicosocial y posibilidades concretas de colocación mano de obra. De lo contrario, concluyó, una persona puede abandonar el penal con la intención auténtica de cambiar su estilo de vida, pero al enfrentarse nuevamente a un entorno hostil y a sucesivos rechazos laborales y sociales, las probabilidades de reincidencia delictiva aumentan considerablemente.