La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección presentado por el exfiscal adjunto de Copiapó, Renán Gallardo Ángel, manteniendo vigente la decisión administrativa que dispuso su remoción del Ministerio Público. Con ello, el tribunal desestimó la solicitud de dejar sin efecto las resoluciones dictadas por el Fiscal Nacional, las que confirmaron la aplicación de la máxima sanción disciplinaria contemplada para un fiscal.

La resolución representa un nuevo revés judicial para el expersecutor, quien buscaba invalidar el procedimiento administrativo que concluyó con su destitución. Tras conocerse el fallo, su defensa informó que recurrirá ante la Corte Suprema, instancia en la que intentará revertir la decisión adoptada por el tribunal de alzada de Atacama.

Denuncias dieron origen al procedimiento disciplinario

El caso se inició luego de que dos funcionarias de la Fiscalía Regional de Atacama denunciaran al entonces fiscal adjunto por presuntas conductas de connotación sexual ocurridas durante el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al procedimiento administrativo, las denunciantes relataron episodios que incluyeron besos sin consentimiento; llamadas telefónicas fuera del horario laboral; acercamientos físicos considerados improcedentes; sujeción por la cintura; miradas calificadas como lascivas y comentarios de carácter sexista.

A partir de estas denuncias se instruyó un sumario administrativo, cuyo desarrollo concluyó con la determinación de aplicar la sanción de remoción, considerada la medida disciplinaria más severa establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para quienes ejercen funciones como fiscales.

La decisión fue posteriormente revisada por las instancias internas correspondientes, las que confirmaron la sanción impuesta, dejando expedita únicamente la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia mediante las acciones constitucionales contempladas por la legislación.

La defensa alegó vulneración de garantías constitucionales

El recurso de protección fue ingresado el 12 de mayo de 2026. En él, la defensa solicitó que se dejara sin efecto todo el procedimiento disciplinario, argumentando que durante la investigación se habrían vulnerado diversas garantías constitucionales.

Entre los fundamentos expuestos se sostuvo que existieron infracciones al debido proceso; a la igualdad ante la ley y al derecho a defensa. Asimismo, la presentación cuestionó la forma en que se desarrolló la investigación administrativa, señalando que habría faltado imparcialidad durante su tramitación.

La defensa también planteó que las conductas atribuidas a Gallardo no configurarían jurídicamente acoso sexual, al estimar que no existieron amenazas laborales; condicionamiento de beneficios; ni una relación de subordinación destinada a obtener favores sexuales.

Junto con ello, sostuvo que durante la investigación fueron incorporados antecedentes respecto de los cuales no existió una posibilidad efectiva de contradicción, motivo por el cual solicitó que el procedimiento fuera retrotraído para ser conocido por un investigador distinto o, en subsidio, que se invalidara la sanción de remoción.

Corte mantiene vigente la remoción y defensa recurrirá a la Suprema

Luego de revisar los antecedentes aportados por las partes, la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió rechazar el recurso de protección, manteniendo firme la decisión administrativa adoptada por el Fiscal Nacional.

Con esta resolución, la remoción del exfiscal continúa plenamente vigente, al no advertirse en esta etapa fundamentos suficientes para acoger la acción constitucional presentada por su defensa.

No obstante, el proceso judicial aún no concluye. Los abogados de Gallardo confirmaron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema, con el propósito de que el máximo tribunal del país revise el fallo emitido por la Corte de Copiapó.

Mientras ello ocurre, la decisión administrativa que puso término a la carrera del exfiscal permanece en plena vigencia. La eventual revisión por parte de la Corte Suprema permitirá determinar si el procedimiento disciplinario respetó las garantías invocadas por la defensa o si corresponde mantener definitivamente la sanción aplicada por el Ministerio Público.

El caso ha generado atención en el ámbito judicial debido a que involucra a un exintegrante del Ministerio Público y aborda materias relacionadas con acoso sexual, responsabilidad disciplinaria y los mecanismos de control judicial sobre las decisiones administrativas adoptadas por la institución. La resolución de la Corte de Apelaciones constituye, por ahora, un respaldo a la legalidad del procedimiento disciplinario que culminó con la destitución del exfiscal, sin perjuicio de la revisión que eventualmente pueda realizar la Corte Suprema en las próximas semanas.