El presidente regional del gremio, Sebastián Castillo, sostuvo que la iniciativa debe ser revisada junto con periodistas, especialistas y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión. También reconoció la necesidad de proteger antecedentes sensibles y reforzar los estándares éticos en el ejercicio profesional.

El proyecto de ley que busca sancionar la divulgación de antecedentes reservados de investigaciones penales volvió a instalar el debate sobre los límites entre el secreto investigativo, la presunción de inocencia y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.

La iniciativa, conocida por sus críticos como “ley mordaza” y por sus promotores como proyecto “antifiltraciones”, fue analizada en Radio Madero por Sebastián Castillo, presidente del Consejo Regional Antofagasta del Colegio de Periodistas.

Durante la entrevista en el programa Matinal en Casa de Radio Madero, Castillo expresó su preocupación por el eventual impacto que la normativa podría tener sobre el periodismo de investigación, especialmente si las sanciones alcanzan directa o indirectamente a profesionales que publiquen antecedentes provenientes de causas penales.

“El principal problema es la limitación al acceso a información sobre casos que pueden ser relevantes para la ciudadanía”, afirmó.

El dirigente planteó que una regulación demasiado amplia podría generar temor entre periodistas, medios de comunicación y fuentes, reduciendo la disposición a investigar o denunciar irregularidades vinculadas con autoridades, instituciones públicas o personas con poder.

Reserva judicial versus interés público

El proyecto busca sancionar a quienes, teniendo acceso legítimo a una carpeta investigativa, entreguen o divulguen información sometida a reserva. Entre ellos podrían encontrarse fiscales, abogados, querellantes, imputados u otros intervinientes en una investigación penal.

Sus impulsores han sostenido que el objetivo es evitar filtraciones capaces de frustrar diligencias, afectar operativos o vulnerar la presunción de inocencia de personas que todavía no han sido juzgadas.

Sin embargo, Castillo manifestó que la redacción y el alcance de la iniciativa deben revisarse con mayor profundidad para evitar que el resguardo de una investigación termine convirtiéndose en una restricción al derecho a informar.

“No toda información reservada tiene el mismo carácter ni produce las mismas consecuencias. Hay antecedentes que evidentemente deben ser protegidos, sobre todo cuando involucran a niños, víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar o datos personales sensibles”, señaló.

El presidente regional del gremio reconoció que también debe existir responsabilidad cuando un funcionario público vulnera injustificadamente su deber de reserva. No obstante, insistió en que la ley debe diferenciar entre la difusión arbitraria de información privada y la revelación de antecedentes con un evidente interés público.

El rol del periodista y la protección de las fuentes

Uno de los puntos centrales de la discusión es determinar qué responsabilidad podría recaer sobre el periodista que recibe información obtenida desde una investigación reservada.

Castillo sostuvo que los profesionales deben actuar con criterios éticos, verificar los antecedentes, proteger a las personas vulnerables y evaluar el interés público antes de publicar.

“El periodista que recibe información tiene la responsabilidad de saber cómo comunicarla. No se trata simplemente de publicar todo lo que llega a sus manos”, explicó.

También afirmó que el periodismo no puede renunciar a proteger la identidad de sus fuentes, especialmente en investigaciones sobre corrupción, abusos de poder o irregularidades institucionales.

En este contexto, recordó que diversos casos de relevancia nacional han sido conocidos gracias a investigaciones periodísticas, entre ellos el caso Convenios, las indagaciones sobre Colonia Dignidad y denuncias relacionadas con corrupción y uso irregular de recursos públicos.

Estos ejemplos, dijo, muestran que el periodismo puede desarrollar una función fiscalizadora distinta, aunque complementaria, a la ejercida por los tribunales, el Ministerio Público y los organismos de control.

Debate legislativo con participación del gremio

Castillo criticó que iniciativas de esta magnitud avancen sin una participación suficientemente amplia de periodistas, académicos, organizaciones de derechos humanos, juristas y representantes de medios regionales.

A su juicio, el proyecto requiere un análisis más riguroso sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de las investigaciones penales.

“Las autoridades deben sentarse con el Colegio de Periodistas, conversar y trabajar el proyecto de manera robusta. Hay que revisar los antecedentes, las consecuencias para la democracia y también los efectos para quienes trabajan profesionalmente con información”, afirmó.

Asimismo, llamó al gremio periodístico de Antofagasta a reorganizarse y participar más activamente en la discusión pública.

Castillo reconoció que el Consejo Regional se encuentra debilitado y que ha tenido dificultades para conformar una directiva amplia. Por ello, convocó a periodistas colegiados y no colegiados a involucrarse en el debate y fortalecer la representación regional.

Riesgo de autocensura

La principal advertencia formulada durante la entrevista fue la posibilidad de que la iniciativa genere autocensura.

Según Castillo, una amenaza de sanción penal podría llevar a periodistas o fuentes a guardar silencio, incluso cuando los antecedentes tengan interés público y permitan revelar irregularidades graves.

“Eso afecta directamente a la democracia, porque puede condicionar a los periodistas a no hablar de determinados casos por temor a ser sancionados”, sostuvo.

No obstante, la conversación también evidenció una tensión que el proyecto deberá resolver: proteger investigaciones, datos personales y la presunción de inocencia, sin bloquear el escrutinio periodístico sobre autoridades e instituciones.

El dirigente concluyó que la discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra de las filtraciones. A su juicio, se requieren estándares claros que distingan entre antecedentes cuya divulgación pone en riesgo una investigación o vulnera derechos fundamentales y aquellos que revelan hechos de interés público que la ciudadanía tiene derecho a conocer.