Aguas servidas se expandieron casi 18 veces sobre el terreno autorizado y el organismo advierte una vulneración sistemática de derechos fundamentales. La planta no cuenta con autorización sanitaria vigente y ya acumula sanciones por más de $80 millones.

La crisis sanitaria que afecta a San Pedro de Atacama dejó de ser un problema puntual para transformarse en una amenaza permanente para cientos de habitantes. Así lo concluyó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuya sede regional en Antofagasta informó a las comunidades afectadas que la planta de tratamiento de aguas servidas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Rural (CAPRA) funciona actualmente a más del 300% de su capacidad de diseño, una sobrecarga que explica los reiterados rebalses registrados en octubre de 2025 y marzo de 2026.

El diagnóstico fue expuesto durante una reunión con vecinos del sector rural de San Pedro de Atacama, donde el organismo presentó los antecedentes recopilados tras oficiar a distintos servicios públicos y advirtió que la situación constituye una vulneración de derechos fundamentales, afectando directamente a más de un centenar de familias.

Un sistema al límite y una contaminación que sigue creciendo

Uno de los antecedentes más preocupantes proviene de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que estableció que la superficie ocupada por aguas servidas pasó de 0,21 hectáreas a 3,7 hectáreas, casi 18 veces más que el área originalmente considerada, sin contar con autorización ambiental para dicha expansión.

Al momento de las fiscalizaciones, el sistema acumulaba residuos líquidos en 16 piscinas, muchas de ellas sin impermeabilización adecuada ni planes de contingencia, aumentando el riesgo de infiltración hacia las napas subterráneas y de nuevos desbordes ante lluvias o un incremento estacional de la población.

A ello se suma que la planta carece de autorización sanitaria vigente y, aunque pertenece a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, continúa siendo operada por el CAPRA sin que exista un traspaso administrativo formal.

Como consecuencia de estas irregularidades, la SMA ya sancionó al sistema con 94 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a $80,8 millones a valores de julio de 2026.

INDH: “No puede seguir tratándose como una emergencia permanente”

El jefe regional del INDH, Paulo Palma, sostuvo que el organismo viene monitoreando el deterioro del sistema desde hace varios años y advirtió que la respuesta institucional ya no puede limitarse a medidas de corto plazo.

“Desde hace un par de años el INDH ha observado el constante colapso de la planta de tratamiento y la crisis del agua potable en San Pedro, lo que representa una vulneración sistemática a los derechos de sus habitantes. Nuestro rol es hacer una fiscalización estricta para asegurar que el acceso al agua y al saneamiento deje de ser una crisis cíclica. Esto no puede seguir siendo abordado bajo una lógica de emergencia constante”, afirmó.

Tras constatar los rebalses, el INDH ofició a distintas instituciones. La Seremi de Salud declaró las instalaciones como foco de insalubridad, abrió un sumario sanitario por infracciones graves al Código Sanitario y ordenó medidas inmediatas, entre ellas la desinfección de la red de agua potable y la reparación de las piscinas de acumulación.

En paralelo, la Superintendencia del Medio Ambiente instruyó medidas urgentes para identificar la capacidad real de las piscinas, establecer límites seguros de almacenamiento y ejecutar monitoreos permanentes.

Solución de emergencia, pero no definitiva

Como respuesta inmediata, el Gobierno Regional de Antofagasta comprometió recursos para construir una piscina auxiliar de emergencia, obra que será supervisada por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

Sin embargo, el propio INDH advirtió que esta infraestructura solo reducirá parcialmente el riesgo, ya que el sistema continuará siendo vulnerable frente a nuevos eventos climáticos o al incremento de visitantes durante temporadas de alta demanda turística.

Para las comunidades, el problema trasciende lo sanitario. El organismo concluyó que los hechos comprometen el derecho a la vida, debido a la exposición permanente a aguas servidas y agentes microbiológicos; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por el vertimiento de residuos líquidos sobre suelo natural y el eventual impacto sobre las napas; y el derecho humano al agua y al saneamiento, al no garantizar condiciones adecuadas de calidad, continuidad y seguridad en el servicio.

Durante la reunión, las vecinas manifestaron su esperanza de que las medidas anunciadas se traduzcan en soluciones concretas. “Necesitamos vivir con dignidad”, resumió Ema Condori, mientras que Javiera Escobar señaló que, por primera vez en mucho tiempo, percibe posibilidades reales de que el problema comience a resolverse.

Para el INDH, el desafío ya no consiste únicamente en contener un nuevo rebalse. La tarea pendiente es impedir que una crisis sanitaria que se arrastra desde hace años siga siendo la normalidad para las comunidades de San Pedro de Atacama.

taria ya había sido planteada públicamente meses atrás. En abril de 2026, tras nuevas denuncias por rebalses en el sector de Solor, la diputada Marcela Hernando advirtió sobre las consecuencias que estaba generando la situación para las familias del sector.

“Lo que está ocurriendo en Solor no puede seguir siendo invisibilizado ni normalizado. Aquí hay familias viviendo en condiciones indignas, y el Estado tiene la obligación de actuar”, señaló en aquella oportunidad.

La parlamentaria también alertó sobre los riesgos sanitarios asociados a la exposición constante a aguas servidas, especialmente para niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas urgentes.