Un 27 de julio de 1990, se exhumaron los cuerpos de trece víctimas de la Caravana de la Muerte en su paso por Copiapó, desde el patio 16 del cementerio municipal, resultado de la querella interpuesta por la Vicaría de la Solidaridad bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, ante la desaparición e inhumación ilegal de dieciséis destacados líderes de diversos ámbitos de Copiapó y El Salvador.

Este momento histórico es el que la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama ha querido conmemorar este viernes 31 a través de un acto cultural que se realizaba a partir de las 10.00 horas en la plaza de Copiapó.

«En tiempos oscuros, en que hay sectores y personas que insisten en discursos negacionistas, promueven montajes de la dictadura o justifican las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ella, vemos cómo la política de Estado en torno a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición está siendo eliminada por el gobierno. Observamos cómo se suprimen, a través de recortes presupuestarios, los programas que abordan materias de memoria, justicia o reparación, además de actos administrativos arbitrarios y maliciosos, como el impedir a abogados presentarse a apelaciones con el fin de que condenados por crímenes de lesa humanidad sean liberados de sus penas, por lo que nos reunimos para recordar y decir que esto está sucediendo ahora», indicó el presidente de la agrupación, Pablo Olivares, antes del inicio de la conmemoración.

En el acto se contemplaba la presentación de una muestra con imágenes e historias de las víctimas de la caravana de la muerte de Copiapó, de cantantes como Pamela y Esteban Soto, Francisco Madero, el Coro de la memoria, el dúo compuesto por Diego Alegre y Jair Arnés, relatos sobre la vida de las víctimas, la Radio Atacama, bio danza a cargo de Jacqueline Oviedo para finalizar con una caminata del silencio en homenaje a las víctimas por la plaza.

Cabe señalar que los restos mortales de tres de las víctimas, provenientes de El Salvador, aún se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos pese a que -de acuerdo a las investigaciones- fueron inhumados ilegalmente en el mismo cementerio municipal, y hay diligencias que se encuentran pendientes al respecto.

La fosa clandestina que abrió una de las causas emblemáticas

La exhumación realizada el 27 de julio de 1990 fue consecuencia de la querella presentada por la Vicaría de la Solidaridad y de las investigaciones impulsadas en el contexto de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Las diligencias judiciales permitieron descubrir una fosa clandestina en el Patio 16 del cementerio copiapino, donde habían sido ocultados los cuerpos de trece de las dieciséis víctimas ejecutadas por el contingente militar durante su paso por Atacama en octubre de 1973.

Con el paso de los años, la investigación dio origen a diversos fallos de los tribunales de justicia que establecieron la existencia de secuestros calificados, homicidios calificados e inhumaciones ilegales, calificando estos hechos como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles conforme al derecho internacional.

Sin embargo, la causa permanece abierta respecto de tres víctimas cuyos restos nunca fueron recuperados, manteniéndose diligencias pendientes para determinar su paradero.

Una maldita caravana aérea

La siniestra comitiva militar comenzó a operar en octubre de 1973. Habían pasado apenas cinco semanas desde el golpe militar. En las cárceles, regimientos y cuarteles del país hay cientos de prisioneros políticos que esperan la resolución de consejos de guerra o permanecen detenidos sin proceso alguno. Muchos creen que seguirán encarcelados. No saben que un helicóptero Puma del Ejército viene descendiendo desde Santiago con una misión muy distinta.

A bordo viaja el general Sergio Arellano Stark, nombrado por Augusto Pinochet como su “delegado oficial”. La orden escrita habla de revisar procesos y uniformar criterios en las distintas guarniciones militares. Pero la historia, los testimonios y las sentencias judiciales terminarían estableciendo otra realidad: allí donde aterrizaba la aeronave, horas después aparecían prisioneros ejecutados.

El recorrido comenzó el 30 de septiembre de 1973 hacia el sur del país. Después vendría el norte. La comitiva avanzaba con precisión militar. El Puma aterrizaba en la base aérea o regimiento de cada ciudad. Arellano se reunía con los mandos locales, revisaba expedientes y, antes de abandonar la zona, un grupo de detenidos era sacado de sus celdas para no volver jamás.

No hubo enfrentamientos. No hubo fugas. Las investigaciones desarrolladas durante décadas por ministros en visita y ratificadas por la Corte Suprema concluyeron que las víctimas se encontraban bajo absoluta custodia del Estado cuando fueron ejecutadas.

El 16 de octubre, la Caravana aterrizó en La Serena. Al día siguiente siguió rumbo a Copiapó. Luego vendrían Antofagasta, Calama, Iquique y Arica, dejando una secuencia de ejecuciones que convertiría aquel viaje en uno de los episodios más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En Copiapó, dieciséis hombres fueron sacados de prisión. Eran dirigentes políticos, profesionales, trabajadores y sindicalistas de la capital regional y del campamento minero de El Salvador. Fueron ejecutados y sepultados clandestinamente en el Patio 16 del Cementerio Municipal.

En Antofagasta, la brutalidad de las ejecuciones impactó incluso al comandante de la división militar de la época, el general Joaquín Lagos. Décadas después declararía ante la justicia que los cuerpos presentaban mutilaciones incompatibles con una ejecución convencional. Aquellas declaraciones se transformaron en una pieza clave dentro de las investigaciones judiciales.

En Calama, la Caravana dejó otra de sus páginas más conocidas: veintiséis prisioneros fueron ejecutados y sus cuerpos ocultados en el desierto. Años más tarde, las excavaciones y los procesos judiciales convertirían ese caso en uno de los símbolos de la búsqueda de verdad en Chile.

Las cifras nacionales hablan de más de noventa víctimas durante el recorrido de la Caravana de la Muerte entre septiembre y octubre de 1973. Los tribunales terminaron calificando estos hechos como crímenes de lesa humanidad, delitos imprescriptibles que dieron origen a numerosas condenas contra integrantes de la comitiva encabezada por Sergio Arellano Stark.

Han transcurrido más de cinco décadas desde aquel vuelo militar y 36 años desde que la pala de los peritos rompió el silencio del Patio 16 en Copiapó. Sin embargo, para las familias de Atacama, la historia sigue escribiéndose en tiempo presente. Mientras permanezcan víctimas sin encontrar y persistan las causas abiertas, el helicóptero que descendió sobre el desierto en octubre de 1973 seguirá proyectando su sombra sobre la memoria judicial y humana del norte de Chile.