Representantes de Antofagasta, Atacama y Coquimbo coinciden en que la actual legislación debe revisarse tras el aumento de delitos violentos protagonizados por menores de edad.

El recrudecimiento de los delitos cometidos por adolescentes volvió a instalar en el Congreso el debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Tras el homicidio del niño Alejandro Águila en una encerrona en San Bernardo —caso en el que participaron dos imputados de 17 años—, parlamentarios de distintas regiones del norte comenzaron a fijar posiciones respecto de la necesidad de endurecer la legislación vigente y revisar las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos graves.

La discusión cobró fuerza luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara su respaldo a la denominada “Ley Alejandro”, iniciativa que busca aumentar las penas efectivas para adolescentes que participen en delitos violentos y revisar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El Mandatario señaló que el Gobierno está disponible para impulsar modificaciones junto a proyectos ya presentados por parlamentarios.

Incremento de violencia 

Desde la Región de Antofagasta, la senadora Paulina Núñez (RN) ha sostenido en distintas intervenciones sobre seguridad que el sistema debe responder con mayor firmeza frente a los menores reincidentes que participan en organizaciones criminales, planteando que el foco debe estar tanto en la protección de las víctimas como en impedir que bandas utilicen adolescentes para cometer delitos violentos.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, legisladores de Antofagasta como Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada han manifestado reiteradamente preocupación por el incremento de la violencia asociada al crimen organizado en la macrozona norte, un fenómeno que, sostienen, exige revisar las herramientas legales disponibles cuando los responsables son menores de edad.

En Atacama y Coquimbo también existen voces que plantean reforzar el combate al crimen organizado sin perder de vista los procesos de reinserción juvenil. Esa diferencia de enfoque anticipa que el debate legislativo no solo girará en torno a bajar o no la edad de responsabilidad penal, sino también sobre reincidencia, cumplimiento efectivo de sanciones y el fortalecimiento del sistema de rehabilitación.

El propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el Ejecutivo considera necesario revisar la normativa vigente, señalando que el sistema “no está dando buena respuesta” frente a adolescentes que reinciden en delitos violentos, por lo que existen proyectos en trámite que podrían acelerarse en las próximas semanas.

76% de encuestados apoya

El fiscal Leonardo Tapia, quien investiga el caso Alejandro, también advirtió sobre las dificultades del sistema para enfrentar a jóvenes infractores reiterativos y sostuvo que hoy existen problemas normativos para aplicar sanciones efectivas frente a este tipo de delincuencia.

La presión política además encuentra respaldo ciudadano. Según la última encuesta Cadem, citada en el contexto del debate, un 76% de los consultados estima que los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan delitos como homicidios, secuestros o violaciones deberían ser juzgados como adultos; un 62% apoya crear cárceles especiales para adolescentes y un 36% está a favor de rebajar la edad mínima de responsabilidad penal a 12 años.

Para los parlamentarios del norte, donde la expansión del crimen organizado, el narcotráfico y los delitos violentos se ha transformado en una de las principales preocupaciones ciudadanas, la discusión sobre la responsabilidad penal adolescente probablemente será uno de los ejes legislativos más relevantes del segundo semestre.

La diferencia estará en la fórmula: mientras algunos impulsan endurecer las penas y ampliar la responsabilidad penal, otros plantean combinar esas medidas con un fortalecimiento de los programas de reinserción para evitar que los adolescentes sean captados por organizaciones criminales.