La posibilidad de demoler diez condominios abandonados en el sector de Tierras Blancas, en la comuna de Coquimbo, ha instalado un intenso debate sobre el futuro urbano de la región. La propuesta fue planteada por el alcalde Alí Manouchehri, quien sostuvo que la demolición sería la única alternativa viable para recuperar la seguridad de un barrio que, durante años, ha convivido con edificaciones inconclusas convertidas en focos de delincuencia.

El complejo habitacional permanece abandonado desde que la empresa constructora dejó inconcluso el proyecto hace varios años. Desde entonces, las estructuras han sido ocupadas de manera irregular y utilizadas para actividades ilícitas, situación que mantiene en permanente preocupación a los habitantes del sector.

El caso refleja una problemática que trasciende a la comuna de Coquimbo y pone en evidencia uno de los grandes desafíos de la Región de Coquimbo: compatibilizar la recuperación de espacios urbanos deteriorados con la necesidad de aumentar la oferta habitacional en un territorio que mantiene un importante déficit de viviendas.

Vecinos denuncian años de abandono e inseguridad

Los residentes de Tierras Blancas aseguran que la situación se ha prolongado por cerca de cinco años sin que exista una solución definitiva. Durante este tiempo, afirman haber realizado múltiples denuncias ante distintas autoridades, sin obtener respuestas que permitan recuperar el sector.

Según relatan los vecinos, diariamente ingresan personas a los edificios para cometer delitos, consumir drogas, instalar ocupaciones ilegales o provocar incendios mediante la quema de basura y neumáticos. A ello se suma el deterioro estructural de las torres, que representa un riesgo para niños, adolescentes y cualquier persona que acceda al recinto.

La comunidad sostiene que el complejo se ha transformado en uno de los principales puntos de inseguridad del sector, afectando directamente la calidad de vida de cientos de familias que viven en sus alrededores.

La demolición enfrenta el desafío del déficit habitacional regional

Las declaraciones del alcalde Alí Manouchehri abrieron una discusión compleja. Si bien la demolición aparece como una alternativa para eliminar un foco permanente de delincuencia, también implica retirar infraestructura habitacional en una región donde el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales demandas sociales.

La Región de Coquimbo mantiene un déficit habitacional significativo, impulsado por el crecimiento demográfico, el aumento del valor del suelo urbano y la necesidad de reducir el número de familias que viven en condiciones de hacinamiento o allegamiento. De acuerdo con estimaciones utilizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y organismos especializados en políticas habitacionales, la región requiere decenas de miles de nuevas viviendas para responder a la demanda acumulada, especialmente en comunas como Coquimbo y La Serena.

Durante los últimos años, el Gobierno ha impulsado el Plan de Emergencia Habitacional, que contempla la construcción y entrega de viviendas en distintas comunas de la región. Al 2026, la ejecución del plan presenta avances importantes, aunque todavía existe una brecha considerable entre las viviendas proyectadas y la demanda efectiva de las familias inscritas en programas habitacionales.

En ese contexto, la destrucción de edificios originalmente concebidos para uso residencial genera opiniones divididas entre especialistas y dirigentes sociales.

Un problema urbano que afecta a distintas comunas

El caso de Tierras Blancas también expone una realidad presente en otras zonas de la Región de Coquimbo: proyectos inmobiliarios paralizados, terrenos abandonados y edificaciones que, por falta de mantención o definición jurídica, terminan convirtiéndose en espacios propicios para hechos delictuales.

Urbanistas y organizaciones vecinales han planteado que resulta necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre proyectos inmobiliarios inconclusos, estableciendo mayores responsabilidades para las empresas constructoras y agilizando los procesos administrativos que permitan definir oportunamente el destino de estas obras.

Asimismo, expertos coinciden en que recuperar barrios deteriorados requiere una coordinación permanente entre municipios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), las policías y el Gobierno Regional, con el objetivo de evitar que nuevas construcciones abandonadas reproduzcan situaciones similares.

Seguridad y recuperación de barrios

Desde el municipio de Coquimbo se ha señalado que la prioridad es proteger la seguridad de las familias que viven en las inmediaciones de las torres abandonadas. La eventual demolición busca eliminar un punto crítico de delincuencia que, según los vecinos, concentra robos, tráfico de drogas, incendios y ocupaciones ilegales.

Sin embargo, diversos actores advierten que cualquier decisión deberá ir acompañada de un plan integral de recuperación urbana que permita dar un nuevo uso al terreno y contribuya a disminuir el déficit habitacional de la región, evitando que el espacio permanezca nuevamente abandonado.

Mientras continúan los análisis técnicos y administrativos sobre el futuro de los diez condominios, los habitantes de Tierras Blancas esperan que las autoridades concreten una solución definitiva. Para la comunidad, el principal objetivo es recuperar la tranquilidad del barrio y evitar que este caso vuelva a repetirse en otros sectores de la Región de Coquimbo, donde la necesidad de viviendas y la seguridad ciudadana aparecen hoy como dos desafíos inseparables.