La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza al Estado de Chile a contraer deuda por hasta US$6.200 millones durante 2026, una herramienta utilizada por el Ejecutivo para financiar parte de las necesidades fiscales del país y administrar las obligaciones financieras del Estado.

La iniciativa, que forma parte de las facultades que el Congreso otorga anualmente al Gobierno para acceder a financiamiento, generó un intenso debate parlamentario. Mientras el Ejecutivo sostuvo que se trata de una autorización necesaria para asegurar la continuidad de las finanzas públicas y mantener una adecuada gestión de la deuda soberana, algunos legisladores cuestionaron la falta de información respecto al destino específico de los recursos.

Uno de ellos fue el diputado Bernardo Salinas Maya, quien votó en contra del proyecto y manifestó reparos tanto por la magnitud del endeudamiento como por la ausencia —a su juicio— de mayores precisiones sobre el uso de los fondos.

¿Qué autoriza el proyecto?

La iniciativa no implica que el Estado reciba de manera inmediata los US$6.200 millones ni que todo ese monto deba ser utilizado obligatoriamente durante el año. Lo que hace la ley es facultar al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, para emitir deuda pública hasta ese límite, mediante instrumentos como bonos soberanos colocados en los mercados nacional e internacional u otros mecanismos de financiamiento permitidos por la legislación vigente.

Este tipo de autorizaciones forma parte de la política fiscal chilena y busca entregar flexibilidad para financiar el presupuesto, refinanciar vencimientos de deuda anteriores, cubrir déficits fiscales cuando corresponda y mantener la liquidez del Estado.

El monto autorizado constituye un techo máximo y su utilización depende de las necesidades de financiamiento que se presenten durante el ejercicio presupuestario.

Endeudamiento en un escenario de consolidación fiscal

Durante la discusión legislativa, el Ejecutivo argumentó que la autorización responde a la necesidad de administrar responsablemente las finanzas públicas, considerando compromisos presupuestarios ya aprobados, obligaciones financieras del Estado y la evolución de la economía.

Chile mantiene una estrategia de financiamiento basada en emisiones programadas de deuda y en el cumplimiento de la regla de balance estructural, mecanismo que busca compatibilizar el gasto público con la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.

En los últimos años, el nivel de deuda bruta del Gobierno Central ha aumentado como consecuencia de la pandemia, mayores necesidades de gasto social y un contexto económico internacional marcado por tasas de interés más elevadas.

Bernardo Salinas cuestiona la falta de claridad sobre el uso de los recursos

Tras la aprobación del proyecto, el diputado Bernardo Salinas expresó su rechazo a la iniciativa, señalando que durante el debate no se entregaron explicaciones suficientes respecto del destino específico que tendrían los recursos.

«El Gobierno no ha sido capaz de precisar en qué se utilizarán estos recursos. No podemos aprobar un endeudamiento de esta magnitud sin conocer con claridad cuál será su utilización», afirmó el parlamentario.

El legislador sostuvo que habría resultado más comprensible respaldar la autorización si los recursos estuvieran explícitamente destinados a fortalecer áreas prioritarias para la ciudadanía, como la construcción de hospitales, el mejoramiento de la atención primaria de salud, la reducción de listas de espera o inversiones en educación pública.

Según indicó, durante la tramitación no se estableció una relación directa entre la autorización de endeudamiento y proyectos específicos de inversión pública.

Vincula la medida con la discusión tributaria

Otro de los cuestionamientos planteados por Salinas apunta al debate tributario impulsado por el Gobierno.

El parlamentario sostuvo que la autorización para endeudarse podría estar relacionada con la propuesta de reducir gradualmente el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, iniciativa que forma parte de la agenda de crecimiento económico presentada por el Ejecutivo.

A juicio del diputado, una eventual disminución de la recaudación tributaria obligaría al Estado a compensar esos menores ingresos mediante un mayor nivel de endeudamiento.

«Nos preocupa que finalmente esta autorización termine transformándose en un cheque en blanco para financiar menores ingresos fiscales, sin explicar claramente cómo se utilizarán los recursos», señaló.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha sostenido que la discusión sobre el financiamiento del Estado y las modificaciones tributarias corresponde a procesos legislativos distintos y que la autorización de deuda constituye una herramienta habitual de administración fiscal.

Un debate que continuará en el Congreso

La aprobación del proyecto vuelve a instalar el debate sobre el equilibrio entre el financiamiento del gasto público y la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

Mientras el Gobierno defiende la autorización como una facultad necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado y mantener una gestión financiera responsable, sectores de oposición insisten en que el Ejecutivo debe entregar mayores antecedentes sobre el destino de los recursos y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

Con la aprobación en la Cámara, la discusión legislativa continúa conforme al trámite constitucional correspondiente, en un contexto donde la política fiscal, el crecimiento económico y la reforma tributaria seguirán siendo algunos de los principales temas de debate durante 2026.