La reciente determinación del Servicio de Impuestos Internos (SII), implementada mediante una resolución exenta que habilita el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Digital a las casas de apuestas online que operan en Chile, ha desatado una profunda controversia política y jurídica.

La medida no solo provocó el rechazo inmediato de la Asociación de Casinos de Chile, sino que también unificó los cuestionamientos de diversos parlamentarios que acusan una validación encubierta de un negocio que la justicia ha catalogado como ilícito. El conflicto tensiona los límites de la potestad administrativa frente a las facultades del Poder Legislativo y judicial.

El requerimiento ante Contraloría y los argumentos de los legisladores

Tres senadores de oposición integrantes de la Comisión de Economía del Senado anunciaron que llevarán la resolución administrativa del SII ante la Contraloría General de la República con el fin de impugnar su legalidad. Los parlamentarios sostienen de forma unánime que la medida vulnera el debate democrático al implementarse al margen del Congreso Nacional, donde la discusión para regular estas plataformas lleva cuatro años y medio de tramitación.

Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Economía del Senado, argumentó de forma categórica que la resolución 69 del SII «viene a legitimar y validar las apuestas en línea de carácter ilícito, sin saber de dónde vienen los recursos que se usan». Según el legislador, este mecanismo evita la discusión parlamentaria formal y otorga facilidades a problemáticas sociales asociadas, tales como la ludopatía y el endeudamiento de la población.

Esteban Velásquez y el contraste con los fallos de la Corte Suprema

El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, calificó la instrucción económica como un «serio error» y una «regulación encubierta», acusando un intento de legalizar esta industria «por secretaría». El núcleo del cuestionamiento de Velásquez radica en la contradicción directa que existiría entre la disposición del Ejecutivo y los pronunciamientos previos emitidos por el máximo tribunal del país.

Velásquez recordó de forma taxativa que la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia clara sobre la materia al acoger un recurso de protección que dictaminó que el juego en línea sin un marco legal habilitante constituye un acto estrictamente ilícito. La resolución del tribunal penal determinó que dicha actividad vulnera el ordenamiento constitucional vigente y ordenó explícitamente a los principales proveedores de servicios de internet locales bloquear el acceso a los sitios web en cuestión.

Por este motivo, para el legislador resulta contradictorio e incomprensible que el servicio tributario inste a firmas que operan al margen de la ley a incorporarse en un catastro formal de contribuyentes. A su juicio, el cobro de un impuesto no purga la condición irregular de la actividad y exigió explicaciones directas al Gobierno.

La defensa de Hacienda: Recaudar no es legalizar

En la vereda opuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el proceder corporativo del SII y respaldó públicamente la gestión de su director general. Cabe señalar que la designación de Jorge Trujillo al mando del órgano recaudador se concretó mediante el mecanismo de «balas de plata», atribución que otorgó al Presidente José Antonio Kast la potestad de nombrarlo de forma directa bajo el alero del sistema de Alta Dirección Pública.

El ministro Quiroz aclaró que la acción fiscal no constituye bajo ningún punto de vista una validación jurídica del negocio ni una normativa sustituta de la labor legislativa. Desde la posición de la billetera fiscal, el secretario de Estado advirtió con firmeza que el deber del Servicio de Impuestos Internos se circunscribe a la recaudación de tributos por actividades económicas efectivas, careciendo de competencias para manifestarse o dictaminar si las firmas de apuestas se encuentran alineadas con el resto de la normativa sectorial vigente.

Asimismo, Quiroz enfatizó que la discusión de fondo respecto a un estatuto regulatorio definitivo y formal para las plataformas extranjeras le compete con exclusividad al Congreso. Sin embargo, mientras el debate avanza en el parlamento, el flujo de usuarios en estas páginas continúa al alza: un reporte sectorial de Apuesta Legal Chile cifró en 72,4 millones los accesos durante el primer trimestre de este año, reflejando un incremento del 8% interanual, un escenario de masividad que complejiza la parálisis regulatoria actual.