Una nueva línea investigativa se suma al complejo escenario judicial que enfrenta la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. La institución interpuso una querella criminal contra la excoordinadora del Departamento de Salud y contra quienes resulten responsables de una serie de presuntas irregularidades detectadas en la administración y rendición de recursos públicos entre 2015 y 2021, por montos que superarían los $351 millones.

La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de La Serena contra Nicole Cadena, busca determinar eventuales responsabilidades penales asociadas a posibles delitos de falsificación de documentos tributarios, uso malicioso de instrumentos mercantiles, fraude al fisco y otras figuras que puedan surgir durante el desarrollo de la investigación.

El caso adquiere especial relevancia para la Región de Coquimbo debido a que se vincula con la crisis financiera e institucional que ha afectado durante los últimos años a una de las principales corporaciones municipales de la zona, entidad encargada de administrar áreas sensibles como educación y salud.

Investigación que se suma al juicio por fraude

La querella surge mientras Nicole Cadena permanece en prisión preventiva junto a otros exdirectivos de la corporación y su pareja, Cristian Muñoz Fredes, en el marco del juicio oral por el denominado fraude millonario detectado en la Corporación Gabriel González Videla.

Según los antecedentes expuestos por la corporación, durante el período en que Cadena ejerció como coordinadora del Departamento de Salud recibió recursos destinados a distintas actividades institucionales que alcanzaron un total de $351.496.464.

Las sospechas sobre el uso de estos fondos se originaron tras observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en su Informe Final N.º 809 de 2023, además de una auditoría interna desarrollada por el Departamento de Control Interno de la propia corporación.

Ambos procesos permitieron identificar inconsistencias que posteriormente dieron origen a la acción judicial.

Observaciones en rendiciones de cuentas

De acuerdo con la querella, fueron revisadas 189 rendiciones de cuentas equivalentes a $257.940.393.

Durante ese proceso se habrían detectado diversas irregularidades administrativas, contables y tributarias, entre ellas facturas presuntamente adulteradas, reutilización de documentos en distintas rendiciones, recursos sin respaldo suficiente, diferencias de montos sin justificación y decretos que no pudieron ser ubicados.

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores corresponde a la utilización reiterada de documentos tributarios emitidos por Cristian Muñoz Fredes, cónyuge de la exfuncionaria.

La corporación sostiene que esta situación podría constituir un eventual conflicto de interés y plantea dudas respecto de la legitimidad de algunos gastos rendidos durante el período auditado.

Más de 170 facturas bajo observación

El documento judicial detalla que fueron observadas 174 facturas por un monto total de $115.119.542.

Según la revisión efectuada, 128 de estos documentos presentarían discrepancias respecto de la información registrada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Asimismo, otras 38 facturas no habrían sido autorizadas por dicho organismo, mientras que siete no registraban recepción y una figuraba como anulada.

A juicio de la corporación, estos antecedentes podrían dar cuenta de la eventual utilización de documentos tributarios falsos o ideológicamente falsos, situación que deberá ser esclarecida por el Ministerio Público durante la investigación.

La presentación judicial sostiene además que existirían indicios de una metodología reiterada de manipulación documental, desarrollada durante varios años y orientada presuntamente a justificar gastos con recursos públicos.

La querella plantea que los antecedentes recopilados permitirían configurar delitos como falsificación o uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco, administración desleal o incluso malversación de caudales públicos.

Según la corporación, los hechos observados no corresponderían a situaciones aisladas, sino a una operación que habría funcionado de manera sistemática y prolongada en el tiempo.

El monto directamente observado por las auditorías supera los $115 millones, cifra que constituye uno de los principales focos de la investigación penal actualmente en curso.

Corporación exige reparación por más de $165 millones

Junto con la acción criminal, la entidad municipal presentó una demanda civil destinada a obtener la reparación de los perjuicios que estima haber sufrido.

La corporación solicita una indemnización de $115.119.542 por concepto de daño emergente, equivalente al monto asociado a las facturas cuestionadas por la auditoría interna.

Adicionalmente, exige una compensación de $50 millones por daño moral institucional, argumentando que el caso provocó un deterioro significativo de la imagen pública de la organización y afectó su credibilidad ante la ciudadanía y organismos fiscalizadores.

Según se expone en la presentación, la repercusión pública de las investigaciones contribuyó a profundizar la crisis institucional y financiera que ha enfrentado la corporación durante los últimos años.

El abogado Gonzalo Pinochet, representante de la corporación, explicó que durante la investigación principal surgieron diversas aristas que fueron separadas por el Ministerio Público para permitir su desarrollo independiente.

Según indicó, el juicio oral actualmente en curso está centrado en delitos vinculados a boletas de honorarios ideológicamente falsas y lavado de activos, mientras otras investigaciones continúan avanzando de forma paralela.

En ese contexto, la nueva querella busca que la corporación participe activamente en las diligencias y pueda solicitar nuevas actuaciones destinadas a esclarecer responsabilidades.

La presentación confirma que el caso que afecta a la Corporación Gabriel González Videla aún está lejos de cerrarse y que las investigaciones podrían seguir revelando antecedentes sobre el manejo de recursos públicos en una de las instituciones municipales más relevantes de la Región de Coquimbo.