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La Contraloría Regional de Antofagasta resolvió aprobar el sumario administrativo instruido por la contratación del “Festival de Antofagasta 2023” y estableció responsabilidad administrativa del exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, por su intervención directa en la elección de la empresa encargada del evento y por promover una contratación sin licitación pública.

Investigación por transferencia de $600 millones

La investigación se originó tras el Informe Final de Investigación Especial N°335 de 2024, que detectó eventuales irregularidades en la transferencia de $600 millones desde la Municipalidad de Antofagasta a la Corporación Cultural de Antofagasta para financiar el festival realizado en febrero de 2023 en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Según el expediente, el Concejo Municipal aprobó en enero de 2023 la transferencia extraordinaria y posteriormente el municipio suplementó el presupuesto para concretar los recursos destinados al evento.

Contratación sin licitación pública

Sin embargo, la Contraloría concluyó que la contratación de la empresa Comercializadora F&M Limitada no estuvo precedida de un proceso formal de licitación pública ni de un acto administrativo fundado que justificara un trato directo, pese a tratarse de un contrato por $600 millones, monto que obligaba legalmente a realizar una licitación conforme a la Ley de Compras Públicas.

El órgano fiscalizador acreditó además que el entonces alcalde Jonathan Velásquez convocó personalmente una reunión el 30 de enero de 2023 con representantes de la Corporación Cultural y de la empresa F&M, instancia en la que —según múltiples testimonios incorporados al sumario— presentó directamente a la productora como la encargada de ejecutar el festival. Posteriormente, envió un correo instruyendo “proceder a realizar los contratos conforme a la reunión de hoy”.

Contraloría acusa vulneración a principios de probidad

La resolución sostiene que dicha intervención excedió las atribuciones legales del alcalde y vulneró principios de probidad administrativa, juridicidad y transparencia en la contratación pública. Contraloría indicó que la actuación del exjefe comunal condicionó de manera decisiva el proceso, haciendo impracticable cualquier competencia entre oferentes.

Durante sus descargos, Jonathan Velásquez argumentó que solo ejerció funciones de coordinación y supervigilancia respecto de la Corporación Cultural de Antofagasta, negando haber instruido una contratación directa o haber omitido procedimientos legales. También sostuvo que la corporación posee autonomía administrativa y que las eventuales infracciones serían responsabilidad de sus directivos.

No obstante, Contraloría rechazó esos argumentos y afirmó que la prueba testimonial era “coherente, concordante y reiterada” respecto de una intervención “directa, personal y activa” del entonces alcalde en la definición del proveedor. El sumario también recogió declaraciones de representantes de la Corporación Cultural y de la propia empresa F&M que apuntaron a que la decisión fue tomada previamente por el jefe comunal.

Otras responsabilidades administrativas

La resolución también estableció responsabilidades administrativas respecto del entonces director jurídico municipal, Marcelo Pizarro, y de la exdirectora de Control, Yolanda Aqueveque, por no advertir de manera suficiente la improcedencia de contratar sin licitación. Sin embargo, en ambos casos las responsabilidades quedaron extinguidas debido a que dejaron sus cargos antes del inicio del sumario administrativo.

Como consecuencia del proceso, Contraloría ordenó remitir los antecedentes al Concejo Municipal de Antofagasta para su conocimiento y fines pertinentes. Aunque Jonathan Velásquez ya no ejerce como alcalde, la resolución deja formalmente acreditada su responsabilidad administrativa, lo que podría tener efectos políticos, reputacionales y eventualmente servir como antecedente en otras investigaciones o acciones judiciales vinculadas al manejo de recursos públicos durante su administración.