La seguridad pública, principal promesa de campaña de José Antonio Kast, comenzó a transformarse en el primer gran foco de desgaste político para La Moneda. Durante las últimas horas, parlamentarios del norte de Chile intensificaron sus críticas al gobierno luego que el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconociera que el Ejecutivo trabajará sobre la Política Nacional de Seguridad impulsada durante la administración de Gabriel Boric.

La declaración abrió un flanco complejo para el oficialismo, particularmente porque durante la campaña presidencial Kast insistió reiteradamente en que el país carecía de una estrategia efectiva en seguridad y prometió un rediseño profundo del sistema. Hoy, sin embargo, el nuevo ministro afirmó que la política vigente “es suficiente” y “amplia”, provocando críticas tanto desde la oposición como desde exautoridades del gobierno anterior.

La exministra vocera Camila Vallejo reapareció públicamente cuestionando duramente al Ejecutivo. “El Gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric. Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”, señaló en redes sociales.

Bernardo Salinas anonadado

Desde la Región de Coquimbo, el diputado del PC Bernardo Salinas profundizó esa línea argumental y sostuvo que el reconocimiento realizado por Arrau valida el trabajo institucional desarrollado en el período anterior. “Estamos absolutamente sorprendidos, anonadados de que el nuevo ministro de Seguridad Pública haya reconocido que hay un plan de seguridad pública vigente, consistente, que tiene planes, programas, presupuesto y que incluso creó nada menos que el Ministerio de Seguridad Pública”, afirmó.

Salinas agregó que la estrategia anterior se construyó con coordinación territorial y estatal. “Fue un trabajo mancomunado con las policías, el Ministerio Público, la Fiscalía y organizaciones sociales organizadas en los territorios, por lo tanto tiene una consistencia absoluta”, señaló, apuntando a lo que considera una contradicción entre el discurso de campaña republicano y las decisiones actuales del Ejecutivo.

Daniel Manouchehri cuestiona a Arrau

Pero el conflicto político escaló aún más luego que el diputado socialista por Coquimbo, Daniel Manouchehri, apuntara directamente contra el pasado político de Martín Arrau, vinculándolo a una denuncia que terminó siendo descartada por Fiscalía y que involucraba supuestas cuentas secretas en paraísos fiscales.

“El nuevo ministro de Seguridad presentó una denuncia que vinculó falsamente a autoridades con cuentas secretas en paraísos fiscales. La Fiscalía investigó y las cuentas jamás existieron. Fue en plena campaña electoral y terminó siendo un montaje político”, sostuvo el parlamentario en publicación de Daniel Manouchehri en X.

Manouchehri además exigió explicaciones políticas directas al gobierno de Kast. “¿Quién elaboró ese dossier falso? ¿Quién lo financió? ¿Quién se lo entregó al ministro Arrau? ¿Qué sabía Kast y desde cuándo lo sabía?”, cuestionó, anunciando además que pedirán la comparecencia del ministro ante la Cámara de Diputados.

Las críticas no sólo provienen desde la oposición. Incluso sectores de derecha han levantado cuestionamientos sobre el desempeño inicial del ministro. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó recientemente la denuncia vinculada a Arrau como “una operación política sucia” y “de las peores” que ha visto en política chilena.

Jaime Araya advierte debilitamiento en seguridad

En Antofagasta también comenzaron a levantarse voces críticas frente a la incertidumbre sobre el rumbo de la estrategia de seguridad. El diputado Jaime Araya había advertido previamente sobre el riesgo de debilitar programas ya implementados en el norte, especialmente en territorios golpeados por crimen organizado, narcotráfico y migración irregular.

Esteban Velásquez acusa falta de hoja de ruta

En paralelo, el senador por la circunscripción de Antofagasta por el partido Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, cuestionó durante los últimos días la falta de definiciones claras del gobierno en seguridad pública, señalando que el Ejecutivo aún no logra transmitir una hoja de ruta sólida frente a una crisis que sigue siendo la principal preocupación ciudadana.

El problema político para La Moneda ya no parece centrarse únicamente en si existe o no un nuevo plan de seguridad. El conflicto comienza a desplazarse hacia la credibilidad del relato con que Kast llegó al poder. Porque mientras el gobierno intenta defender la continuidad técnica de ciertas políticas públicas, la oposición busca instalar una idea más profunda y políticamente más dañina: que el oficialismo construyó una campaña prometiendo una ruptura total con la estrategia de Boric, pero terminó gobernando sobre la misma arquitectura institucional que durante años cuestionó.