La polémica en torno al proyecto minero-portuario Dominga volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública de la Región de Coquimbo, luego de la querella presentada por Greenpeace Chile por presuntos delitos de cohecho agravado y revelación de secreto. La acción judicial, declarada admisible el 19 de mayo de 2026 por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, incorpora nuevos antecedentes a una de las iniciativas de inversión más controversiales del país.

La denuncia surge a partir de una investigación periodística del medio Reportea, que reveló pagos efectuados por Andes Iron, titular del proyecto, al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber entre marzo y diciembre de 2023. Según los antecedentes, los montos alcanzan los $255,5 millones, pese a que la representación legal formal de la empresa estaría radicada en otro bufete.

Estos pagos han sido interpretados por los querellantes como eventuales flujos que podrían encubrir conflictos de interés en el marco de la tramitación judicial y ambiental del proyecto.

Críticas desde la Región de Coquimbo: “Impacto ambiental y desconfianza institucional”

Desde la Región de Coquimbo, la diputada Nathalie Castillo cuestionó duramente el nuevo episodio judicial, apuntando a un patrón de irregularidades que, según señaló, ha sido advertido por comunidades locales durante años.

“Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años: cuando el poder económico presiona para acelerar proyectos a cualquier costo, quienes terminan pagando las consecuencias son las familias, el medio ambiente y la confianza pública en las instituciones”, sostuvo la parlamentaria.

Castillo también advirtió que el caso no solo involucra impactos ambientales, sino que también abre cuestionamientos sobre la integridad del sistema institucional en la tramitación de grandes proyectos extractivos en Chile.

En esa línea, agregó que los antecedentes conocidos “no pueden seguir siendo tratados como hechos aislados”, sino como parte de un problema estructural relacionado con transparencia, lobby y conflictos de interés en la toma de decisiones.

Greenpeace y los posibles vínculos con redes de influencia

La querella presentada por Greenpeace sostiene que existiría una posible estructura destinada a canalizar beneficios económicos hacia actores vinculados indirectamente al mundo judicial.

Uno de los puntos más sensibles del escrito apunta a Cecilia Ramírez, esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien habría trabajado en el estudio jurídico mencionado, recibiendo pagos que sumarían cerca de $18 millones entre 2023 y 2024.

El abogado querellante Mauricio Daza ha señalado que estos antecedentes deben ser investigados en profundidad, considerando además que el magistrado votó en dos ocasiones a favor del proyecto Dominga y participó en la redacción de fallos asociados a su tramitación.

Desde la perspectiva de los denunciantes, estos elementos podrían configurar una posible “red de influencias” en torno a decisiones judiciales clave para el futuro del proyecto.

Dominga: Un proyecto marcado por controversias en el Archipiélago de Humboldt

El proyecto Dominga contempla la instalación de una mina de hierro y cobre junto a un terminal portuario en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Sin embargo, su emplazamiento ha sido uno de los principales focos de conflicto debido a su cercanía con el Archipiélago de Humboldt, reconocido internacionalmente por su biodiversidad marina.

Diversas organizaciones ambientales han advertido que la actividad portuaria podría afectar especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt, además de impactar negativamente en la pesca artesanal y el turismo sustentable, actividades económicas relevantes para localidades costeras de la región.

A lo largo de más de una década, el proyecto ha enfrentado rechazos administrativos, revisiones judiciales y cambios en las evaluaciones ambientales, consolidándose como uno de los casos más emblemáticos del conflicto entre desarrollo extractivo y protección ambiental en Chile.

Un historial político y judicial cargado de tensiones

La discusión en torno a Dominga no es nueva. El proyecto fue rechazado por el Comité de Ministros en 2017 durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, aunque posteriormente obtuvo fallos favorables en instancias judiciales.

El caso volvió a escalar en 2021 tras revelarse en los Pandora Papers la participación de la familia del expresidente Sebastián Piñera en operaciones vinculadas a la compraventa del proyecto en el extranjero, lo que derivó en cuestionamientos públicos y una acusación constitucional.

Estos antecedentes han contribuido a que Dominga sea percibido como un proyecto altamente politizado, donde convergen intereses económicos, disputas judiciales y una creciente presión de organizaciones ambientales.

Un debate que sigue abierto en la Región de Coquimbo

En este nuevo escenario, la diputada Castillo insistió en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de control y transparencia frente a proyectos de alto impacto ambiental.

“La querella presentada por Greenpeace Chile es de tremenda relevancia, porque vuelve a poner sobre la mesa antecedentes que no pueden esconderse bajo discursos de crecimiento económico”, afirmó.

En la Región de Coquimbo, el caso Dominga continúa siendo un punto de fractura entre quienes defienden su potencial económico y quienes alertan sobre sus consecuencias ecológicas. Con la nueva acción judicial, el debate no solo se reabre, sino que vuelve a instalar preguntas profundas sobre la relación entre desarrollo, justicia y medio ambiente en el país.