La denuncia fue realizada por el presidente de la junta de vecinos Villa San Bartolomé, Germán Villalobos, quien expuso públicamente la situación que afecta a Carmen Palma, vecina de tercera edad que actualmente vive junto a su hijo, quien regresó desde el norte del país para hacerse cargo de sus cuidados.

Según explicó el dirigente en conversación con Radio Madero, el problema se arrastra desde hace años, luego que la familia intentara concretar la instalación de agua potable mediante un trabajador autorizado vinculado a la sanitaria. Sin embargo, aseguran haber sido víctimas de una estafa.

“Lo único que quedó fue parte del trabajo hecho: la caseta y los cierres del arranque, pero nunca se conectó a la red”, sostuvo Villalobos.

Actualmente, la mujer no cuenta con suministro regular de agua y la familia debe recurrir a soluciones improvisadas para cubrir necesidades básicas dentro del hogar.

Un problema sanitario y humano

El dirigente vecinal relató que la situación se ha vuelto especialmente crítica debido al deterioro de salud de la adulta mayor, quien además presenta pérdida avanzada de memoria producto del Alzheimer.

“Estamos hablando de una persona de tercera edad que no tiene agua en su casa. El hijo dejó su trabajo en Calama para venir a cuidarla y se encontró con este problema enorme”, afirmó.

Villalobos explicó que el costo para habilitar formalmente el arranque supera las posibilidades económicas de la familia, especialmente porque la instalación debe realizarse mediante empresas externas autorizadas.

En algunos casos —según indicó— los costos podrían superar los tres millones de pesos, dependiendo de las obras requeridas en la vía pública.

“Hay que romper calle, reponer pavimento y todo eso encarece muchísimo el proceso”, señaló.

Sin acceso a camiones aljibe

La situación se agrava porque, al tratarse de un sector urbano, la vivienda no puede acceder formalmente al suministro mediante camiones aljibe, mecanismo reservado principalmente para zonas rurales.

“Ellos están viviendo una ruralidad, porque no tienen agua, pero el sector no es rural”, cuestionó el dirigente.

Ante la emergencia, vecinos han intentado colaborar de manera informal facilitando agua mediante mangueras desde otras viviendas, aunque Villalobos reconoció que muchos residentes temen involucrarse por eventuales problemas administrativos o sanitarios.

Críticas al abandono social

Durante la entrevista, el dirigente realizó una crítica más amplia al funcionamiento de los servicios públicos y a la falta de respuesta institucional frente a casos sociales complejos en poblaciones vulnerables.

“Las juntas de vecinos terminan haciéndose cargo de problemas que corresponden al Estado. Nosotros no tenemos recursos ni atribuciones para resolver esto”, afirmó.

Villalobos sostuvo que existe una creciente sensación de abandono en sectores populares, donde los problemas sociales asociados a pobreza, salud mental, drogadicción y vulnerabilidad se han vuelto parte de la vida cotidiana.

“El individualismo nos ganó. Cada uno trata de salvarse solo y las redes de apoyo institucional no llegan”, agregó.

Llamado a empresas y autoridades

Desde la junta de vecinos hicieron un llamado tanto a autoridades como a empresas privadas o personas vinculadas al rubro sanitario que puedan colaborar con una solución técnica o económica para conectar finalmente el suministro de agua al domicilio.

El dirigente indicó además que esperan explorar eventuales alternativas legales o administrativas que permitan resolver el caso desde una perspectiva humanitaria y sanitaria.

“Estamos buscando ayuda, orientación o alguien que pueda decirnos qué camino seguir. El agua es un derecho básico”, concluyó Villalobos.

Mientras tanto, la familia continúa enfrentando diariamente una situación precaria en pleno sector urbano de La Serena, en un caso que vuelve a abrir el debate sobre acceso a servicios esenciales, vulnerabilidad social y capacidad de respuesta institucional frente a emergencias humanas invisibilizadas.