La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) expresó públicamente su profunda preocupación por los efectos que está generando el nuevo régimen de patentes mineras, actualizado por la Ley 21.649, especialmente en el segmento de la pequeña minería chilena.

A través de una declaración pública, el gremio advirtió que la normativa vigente representa una amenaza concreta para la continuidad de numerosas faenas de baja escala que operan en distintas zonas del país, cumpliendo un rol económico, productivo y territorial relevante en regiones con fuerte tradición minera.

Según expone SONAMI, el sistema actual reemplazó el tradicional mecanismo de amparo de la propiedad minera —basado únicamente en el pago de una patente de monto razonable— por un modelo que exige acreditar trabajo efectivo y someterse a una serie de trámites administrativos permanentes. A juicio del gremio, esta fórmula introduce una carga burocrática compleja que castiga injustamente a los pequeños productores, quienes cuentan con menor capacidad financiera y operativa para cumplir con estas exigencias.

Desde la organización señalan que, de mantenerse este sistema, se profundizará la presión sobre los mineros comunales y de baja escala, generando un escenario donde muchos podrían perder sus pertenencias mineras no por falta de actividad, sino por no poder sostener los costos asociados al nuevo régimen de amparo.

Cabe destacar que la SONAMI, que alberga a la gran, mediana y pequeña minería chilena, tiene una cartera de proyectos mineros para el período 2025-2029 que alcanza casi US$26.800 millones. Un indicativo de confianza a largo plazo para este tipo de negocio multimillonarios.

Piden a Kast cumplir compromiso

En ese contexto, SONAMI hizo un llamado directo al Gobierno para que cumpla el compromiso adquirido durante la campaña presidencial y avance en la derogación del sistema actual, retornando a un esquema simple, objetivo y verificable, centrado exclusivamente en el pago de una patente de valor razonable.

El gremio sostiene que los antecedentes disponibles demuestran que el impacto fiscal de las patentes pagadas por la pequeña minería es acotado. De acuerdo con las cifras expuestas, durante 2025 este segmento aportó 142.854 UTM por concepto de pago de patentes, lo que representa menos del 5% del total de la recaudación asociada a concesiones mineras a nivel nacional.

Para SONAMI, este dato es clave, ya que evidencia que el mayor cobro aplicado a la pequeña minería no resulta fiscalmente determinante para el Estado, pero sí puede tener consecuencias económicas significativas en territorios donde la actividad minera de baja escala es uno de los principales motores de empleo y encadenamiento productivo.

La declaración también advierte sobre un posible efecto estructural a mediano plazo: la concentración de la propiedad minera en manos de actores con mayor capacidad económica. Según plantean, al aumentar los costos de amparo y mantener un sistema burocrático permanente, se debilita precisamente al segmento que históricamente ha sido la base para el surgimiento de nuevos proyectos y el dinamismo de la actividad minera regional.

Riesgo de una mayor concentración

“Si los pequeños mineros pierden sus pertenencias, estas pueden terminar concentrándose en empresas de mayor tamaño, debilitando al sector que tradicionalmente ha sido semilla de nuevos desarrollos productivos”, subraya el documento.

Desde el gremio enfatizan que la minería requiere reglas claras y estables que reconozcan las diferencias de escala, las restricciones reales de operación y el aporte territorial que realizan los pequeños productores en comunas y localidades donde muchas veces no existen otras fuentes relevantes de actividad económica.

Finalmente, la Sociedad Nacional de Minería reiteró su llamado a las autoridades a revisar con urgencia esta situación y avanzar hacia un mecanismo que entregue certezas jurídicas, reduzca la discrecionalidad administrativa y permita que la pequeña y mediana minería puedan sostener sus operaciones sin enfrentar cargas desproporcionadas que amenacen su continuidad.

¿Por qué SONAMI dice que esto es una “amenaza concreta”?

Porque para muchos pequeños mineros:

• El costo de la patente ahora es más alto que lo que produce la mina en algunos periodos.
• Si no pueden pagar, pierden la pertenencia minera.
• Eso puede significar:
  • Cierre de faenas.
  • Pérdida de fuentes laborales locales.
  • Abandono de proyectos en regiones mineras como Atacama, Coquimbo, Antofagasta, entre otras.

¿Cuál es el punto central del reclamo?

SONAMI señala que la ley fue pensada para castigar a quienes acaparan concesiones sin trabajarlas, pero terminó afectando a quienes sí trabajan minería, pero a pequeña escala y con pocos recursos.

Es decir, la ley:

Trata igual al especulador que al pequeño productor.

¿Qué piden?

El gremio está solicitando:

• Ajustes a la ley.
• Un trato diferenciado para la pequeña minería.
• Que se considere la realidad productiva y económica de este sector.
• Evitar que el aumento de patentes termine expulsando a pequeños mineros del sistema.

En resumen

SONAMI está reclamando porque la nueva ley de patentes mineras:

• Aumenta fuertemente los costos de mantener una concesión.
• No distingue entre especulación y pequeña minería real.
• Puede provocar el cierre de muchas faenas pequeñas en regiones mineras.
• Genera un impacto económico y social en territorios donde la pequeña minería es clave.

Por eso califican la situación como grave y urgente.