La acción legal, liderada por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, acusa al establecimiento de una serie de omisiones negligentes y fallas en los protocolos de seguridad tras un presunto hecho de connotación sexual que afectó a una alumna de enseñanza media en Coquimbo.

El caso se dio a conocer por diversos medios de comunicación local en marzo pasado, pero fue la semana pasada que que se interpuso la demanda, a la cual este medio tuvo acceso en exclusiva.

Según el relato del libelo, los hechos habrían ocurrido el 24 de marzo de 2026, cuando un inspector del establecimiento, identificado como J.V., habría solicitado ayuda a la menor y a otro compañero para mover mobiliario hacia el auditorio del colegio.

Una vez en el lugar, el inspector habría dejado al compañero en una oficina interna, indicándole que no saliera, para luego encerrarse a solas con la estudiante en el auditorio utilizando un pestillo. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el funcionario le habría manifestado: «Ahora no te puedes escapar, vamos a jugar un juego«, procediendo a taparle los ojos por detrás y consultándole insistentemente por su peso, con la intención de tomarla en brazos. El episodio se habría interrumpido únicamente por un llamado que el inspector recibió por radio.

Denuncian negligencia y revictimización

La demanda destaca una respuesta institucional deficiente por parte del colegio tras la denuncia de la madre:

• Incumplimiento de plazos legales: se acusa que el inspector general inicialmente manifestó incredulidad y señaló que el colegio disponía de cinco días para investigar antes de decidir si denunciaban a Fiscalía, pese a que la ley mandata un plazo máximo de 24 horas para denunciar hechos constitutivos de delito.
• Hostigamiento y bullying: tras el regreso de la alumna a clases, se habría desatado una campaña de hostigamiento por parte de sus pares, quienes la tildaron de «mentirosa». La demanda sostiene que el propio inspector denunciado difundió mensajes entre otros alumnos, difamando a la menor.
• Falta de protocolos: el texto afirma que el establecimiento carecía de protocolos efectivos ante agresiones sexuales o situaciones de acoso, optando por apartar a la víctima del colegio, en lugar de sancionar a los responsables del hostigamiento.

Profundo daño moral y «exilio pedagógico»

El impacto psicológico en la estudiante ha sido severo, derivando en crisis de pánico y colapsos emocionales. Debido al ambiente hostil y la falta de garantías de seguridad por parte del plantel, la menor debió trasladarse temporalmente a la ciudad de Penco con su padre para resguardar su integridad psíquica, lo que la demanda califica como un «exilio pedagógico».

El abogado Valdivia aseveró que el colegio demandado no cumplía «con los protocolos exigidos por la Superintendencia de Educación frente a agresiones sexuales«, agregando que ello dejó a la menor en una situación de vulnerabilidad extrema.

El defensor puso especial énfasis en la libertad con la que actuaba el inspector denunciado, asegurando que “es imposible que un funcionario haya tenido la libertad de sacar alumnos de sus salas para llevarlos a rincones ocultos, sacándolos de toda esfera de protección«, recalcando que el establecimiento habría ignorado señales o denuncias previas contra el mismo trabajador.

La parte demandante solicita que el tribunal condene al colegio al pago de las siguientes indemnizaciones: $ 3.800.000 por concepto de daño patrimonial (gastos en psicólogos, terapias y aranceles) y $ 50.000.000 por daño moral, desglosados en $ 25 millones para la alumna y $25 millones para su madre, debido al sufrimiento y la alteración de su vida familiar.

La demanda argumenta que el colegio infringió su deber como garante de la seguridad de los alumnos, permitiendo que un funcionario utilizara su autoridad y el acceso a la infraestructura (llaves) para vulnerar la indemnidad sexual de una menor bajo su cuidado.

Respuesta del colegio

Por uso parte, la rectora del establecimiento educacional, Patricia Gallardo Olivares, señaló que el colegio no ha sido notificado de ninguna demanda. Además, sostuvo que «con relación a los hechos denunciados por la apoderada, es importante mencionar que el equipo de Convivencia Escolar del Establecimiento activó con celeridad el protocolo pertinente«.

Asimismo, agregó que «se efectuaron las medidas requeridas en estos casos, inclusive la denuncia ante Fiscalía, oportunamente. Se dispuso el apartamiento inmediato de sus funciones del colaborador denunciado y se ofrecieron a la estudiante medidas de resguardo, tanto psicológicas como pedagógicas»

Finalmente, Gallardo manifestó que «por tratarse de una investigación actualmente en curso y que se encuentra a cargo de las instituciones competentes, no es posible entregar mayores antecedentes, en resguardo del debido proceso, la confidencialidad, revictimización y la protección de las personas involucradas«.