La periodista de investigación Laura Landaeta abordó en conversación con Patricia Palma, en Radio Madero, los antecedentes que —según su investigación— conectan el caso de Joaquín Lavín León con un entramado mayor de presuntas irregularidades entre la Municipalidad de Maipú, Las Condes y el Congreso.

La autora de La Perla Negra de la UDI sostuvo que la investigación sobre la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, derivó inevitablemente hacia el rol de su esposo, Joaquín Lavín León, y luego hacia la figura de Joaquín Lavín Infante, exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial.

“Yo señalé que la consecución lógica de esta investigación tenía que ser primero la caída de Cathy Barriga, luego la caída de Joaquín Lavín Jr. y finalmente la de Joaquín Lavín padre”, afirmó Landaeta durante la entrevista.

Cabe destacar que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy la prisión preventiva para Joaquín Lavín León, hijo del ex presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín Infante, por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. El argumento fue que su libertad representaba un peligro para el éxito de la investigación.

Tras analizar las pruebas, fue el juez Daniel Urrutia quien concluyó que el parlamentario usó fondos públicos para fines personales y que diseñó y controló una estructura de financiamiento ilícito para su beneficio y de su círculo familiar.

Punto de inflexión y cruce de información

Según relató, el punto de inflexión en su investigación ocurrió cuando decidió cruzar información pública entre las municipalidades de Maipú y Las Condes, especialmente licitaciones, tratos directos y contrataciones millonarias.

Landaeta aseguró que en ese ejercicio encontró “puntos en común”, entre ellos proveedores coincidentes, licitaciones cuestionables y prácticas administrativas similares. A partir de aquello, planteó que lo ocurrido en Maipú podría no haber sido un caso aislado.

“Lo que pasaba en Maipú, en muchos planos también pasaba en Las Condes”, sostuvo. Más aún, afirmó que, a su juicio, “el defraudamiento original viene de Las Condes” y que Cathy Barriga habría copiado un modelo previamente instalado.

Uso de recursos públicos 

La periodista también vinculó la causa de Joaquín Lavín León con el uso de recursos públicos para fines electorales. Según explicó, la imputación apunta a que funcionarios públicos habrían trabajado durante su jornada laboral en labores asociadas a campañas políticas.

En esa línea, indicó que parte de ese trabajo se habría realizado desde la sede distrital de Lavín León en Maipú y otra parte desde una oficina utilizada como sede de campaña presidencial de Joaquín Lavín padre.

“O sea, es innegable que Joaquín Lavín padre tiene algo por lo que al menos responder en esta causa”, señaló Landaeta.

Otro de los puntos abordados fue el eventual uso indebido de datos electorales y la existencia de un sistema de call center destinado a influir en campañas. La periodista afirmó que funcionarios municipales habrían sido presionados para reclutar personas para la UDI durante horario laboral.

Además, sostuvo que cuando no se cumplían cuotas de reclutamiento, se habrían utilizado datos del Servel para inscribir personas de manera fraudulenta en un partido político, sin su conocimiento.

Respecto del rol del Congreso

Landaeta explicó que la investigación contra Lavín León apunta también a facturas por servicios que no habrían correspondido a labores parlamentarias, sino a actividades de campaña.

“Se desvían fondos del Estado para pagar candidatura. Eso es lo que sostiene hoy día el Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía”, afirmó.

Para la periodista, el caso abre una pregunta mayor sobre la forma en que ciertos liderazgos políticos habrían utilizado estructuras municipales, parlamentarias y partidarias para sostener poder territorial y electoral.

Desde Radio Madero, la entrevista situó además la discusión en un contexto nacional donde la probidad municipal aparece fuertemente cuestionada, con un foco particular en cómo estos mecanismos podrían replicarse en otros territorios del país.

Landaeta cerró apuntando a la necesidad de investigar sin restricciones los vínculos entre poder político, financiamiento electoral y recursos públicos, especialmente cuando existen patrones que se repiten entre municipios, campañas y cargos de representación popular.