La protección del arbolado urbano se ha convertido en una prioridad absoluta para la Ilustre Municipalidad de Copiapó. Tras una serie de intervenciones que resultaron en la tala y poda severa de diversas especies en distintos puntos estratégicos de la capital regional, el municipio decidió pasar a la ofensiva legal. La administración interpuso una denuncia por daño ambiental ante la Fiscalía Regional y, en paralelo, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Estas acciones judiciales no son hechos aislados, sino que responden a una creciente inquietud ciudadana. Vecinos y vecinas han manifestado su indignación ante lo que consideran un atentado contra el escaso patrimonio arbóreo en una zona desértica. El municipio ya había oficiado previamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para esclarecer si los procedimientos aplicados por las cuadrillas de mantenimiento eléctrico se ajustaron a la normativa vigente, buscando resguardar el derecho constitucional de la comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El equilibrio entre seguridad y naturaleza

El alcalde (s) de Copiapó, Sergio Baudoin, fue categórico al fijar la postura institucional frente a las empresas ejecutoras. «Como municipio no vamos a aceptar intervenciones que afecten de manera desproporcionada nuestro arbolado urbano. Aquí debe existir un equilibrio claro entre seguridad y cuidado del entorno», afirmó la autoridad.

Desde la casa consistorial explican que no existe una oposición a las labores de despeje de líneas energizadas —fundamentales para evitar incendios o cortes de suministro—, pero denuncian que la ejecución ha carecido de criterio técnico.

La municipalidad sostiene que una poda de seguridad no debe ser sinónimo de una mutilación arbórea, y exige que se investigue si la magnitud de la tala realizada por la empresa CGE constituye una falta a la legalidad y una negligencia en la protección de las áreas verdes que actúan como reguladores térmicos en la ciudad.

Hacia un protocolo de acción conjunta

En un intento por encontrar soluciones de largo plazo, autoridades municipales sostuvieron una reunión con representantes de la empresa eléctrica CGE. En dicha instancia, la autoridad comunal planteó la urgencia de establecer un protocolo de acción conjunto que evite que estos episodios vuelvan a repetirse.

Dicho protocolo buscaría definir:

• Criterios técnicos claros: Definir qué tipo de poda se requiere según la especie y la proximidad a la infraestructura.
• Coordinación previa: Informar al municipio y a la comunidad antes de intervenir zonas de alto valor patrimonial o ecológico.
• Supervisión técnica: Asegurar que quienes operan las herramientas tengan conocimientos básicos de arboricultura urbana para no comprometer la vida del árbol.

“Solicitamos a la empresa generar este protocolo para asegurar que los trabajos se realicen con resguardo a las especies. Además, hemos solicitado reuniones con la SEC y la SEREMI de Energía para aunar criterios y cuidar el patrimonio arbóreo de Copiapó”, detalló Baudoin.

Un símbolo de resiliencia ambiental

En una ciudad como Copiapó, donde cada árbol representa un esfuerzo colectivo frente a la aridez del desierto, la pérdida de cobertura vegetal tiene un impacto directo en la calidad de vida y el microclima urbano. Por ello, el municipio ha enfatizado que agotará todas las instancias administrativas y legales.

La administración local reafirmó que cualquier intervención en el territorio debe cumplir con estándares de responsabilidad y cuidado ambiental acordes a lo que la ciudadanía demanda. El mensaje es claro: la infraestructura crítica es necesaria, pero no puede crecer a costa de la destrucción de la identidad natural de la capital de Atacama. La justicia ahora tendrá la última palabra sobre la proporcionalidad de las acciones que hoy mantienen en alerta a toda una comunidad.