La tramitación del proyecto económico del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha dejado de ser una discusión técnica para transformarse en una batalla campal de narrativas. El diputado Daniel Manouchehri lanzó una de las ofensivas más ácidas registradas hasta ahora contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al equiparar la esencia de la reforma con los mecanismos de concentración de riqueza que marcaron los escándalos de colusión empresarial en Chile.

“El ministro Quiroz está haciendo lo mismo que hicieron en las colusiones: hacer más rico a un puñado de chilenos a costa de todo el país”, sentenció el legislador. Con esta frase, el parlamentario no solo cuestionó la eficiencia del proyecto, sino que instaló una sospecha sobre la ética detrás de una propuesta que, a su juicio, profundiza la desigualdad estructural bajo la fachada de un incentivo a la inversión.

El respaldo del CFA: La «lápida» técnica al proyecto

El endurecimiento del discurso de la oposición no es casual. Se produce inmediatamente después de que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el organismo técnico encargado de velar por la sostenibilidad de las arcas públicas, emitiera un informe con serias advertencias. Según Manuchehri, el CFA ha confirmado que el proyecto presenta riesgos fiscales críticos y una evidente falta de financiamiento estructural.

Para el parlamentario, el informe del CFA es la prueba irrefutable de que el Gobierno está operando con un optimismo infundado. “Lo que nosotros hemos visto hoy día por un órgano serio son cosas graves. Está diciendo, primero, que este es un proyecto que no está financiado”, sostuvo el legislador, añadiendo que los costos para el Estado son reales y tangibles, mientras que los beneficios proyectados por Hacienda son, en el mejor de los casos, «inciertos y especulativos».

El fantasma del déficit y los recortes sociales

Uno de los puntos más sensibles de la crítica de Manuchehri es el amarre de las condiciones del proyecto por un cuarto de siglo. El legislador denunció que el Gobierno pretende blindar legalmente las exenciones y beneficios del proyecto por 25 años, independientemente de si las metas de crecimiento o empleo se cumplen efectivamente.

Esta cláusula de invariabilidad, en un contexto de incertidumbre económica, representaría una «bomba de tiempo» para las futuras administraciones. “Si no hay el crecimiento que prometen, si no hay el empleo que prometen, vamos a tener mayor déficit fiscal, mayor endeudamiento y el Gobierno va a tener que hacer recortes en educación, salud y vivienda”, advirtió con severidad. En su visión, el riesgo país no es una abstracción financiera, sino la posibilidad real de ver reducidos los presupuestos de bienestar social para cubrir el forado fiscal que dejaría la reforma.

Emplazamiento a La Moneda: «Salir del terraplanismo económico»

Ante lo que calificó como una «insensatez financiera», el parlamentario elevó el tono hacia el propio Presidente de la República. Manouchehri fue categórico al señalar que cualquier mandatario con sentido de Estado debería retirar la iniciativa o, en su defecto, remover al titular de Hacienda por enviar un proyecto que el CFA ha catalogado como un riesgo para la estabilidad de Chile.

De cara a la inminente votación en la Comisión de Hacienda, donde la derecha cuenta con ventaja numérica, el legislador llamó a sus pares a «salir del terraplanismo económico». Con este término, instó a los parlamentarios de todos los sectores a abandonar los dogmas ideológicos y escuchar la evidencia técnica de los organismos especializados antes de dar luz verde a una ley que podría comprometer las finanzas nacionales por décadas.

Mientras el Gobierno defiende que su apuesta es el único camino para reactivar la inversión, la comparación con los mecanismos de colusión y el fantasma de los recortes presupuestarios han dejado la legitimidad del proyecto pendiendo de un hilo en el Congreso.