La tramitación del proyecto de «Reconstrucción Nacional» ha entrado en una fase crítica de definiciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En este contexto, el diputado Jaime Araya ha alzado la voz para exigir al Gobierno una clarificación absoluta sobre los tiempos y el cronograma de discusión.

Para el legislador por la Región de Antofagasta, la pretensión de acelerar el proceso de una reforma de esta magnitud técnica y económica representa un riesgo no solo para el debate democrático, sino para la calidad de la política pública que emanará del Congreso.

Durante la sesión de este martes, Araya fue enfático en señalar que una legislación acelerada, o «express», suele ser la antesala de errores regulatorios que terminan pagando los ciudadanos. El parlamentario advirtió que el escaso margen disponible para el estudio de indicaciones impide que los legisladores cumplan con su rol de control y perfeccionamiento de las leyes.

A su juicio, el Gobierno debe entender que la urgencia de la reconstrucción no puede pasar por encima de la responsabilidad de legislar con solidez técnica en materias tributarias y económicas de alto impacto.

Un cambio de paradigma: De los «súper ricos» a la clase media

El punto más álgido de la intervención del diputado fue su declaración de principios respecto al fondo del proyecto. Araya sostuvo que existe un grupo transversal de parlamentarios que no está conforme con el diseño original enviado por el Ejecutivo. La crítica es directa: el proyecto actual se percibe como una «mega reforma para los súper ricos», enfocada en grandes capitales y estructuras corporativas, dejando en un segundo plano a los sectores que sostienen la economía diaria del país.

«La solicitud que he hecho tiene que ver con el interés particular que tenemos un grupo de diputados y diputadas de hacer indicaciones en este proyecto. Este proyecto, que es la mega reforma de los súper ricos, nosotros queremos transformarlo en la mega reforma de la clase media», afirmó tajante el legislador ante la comisión.

Esta postura marca un quiebre en la narrativa oficialista, pues condiciona el avance de la iniciativa a un cambio de foco radical. Araya busca que la ley incorpore mecanismos de protección y alivio económico que beneficien directamente a las familias de sectores medios y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales han sido golpeadas por el aumento del costo de la vida y la persistente desaceleración económica, especialmente en las regiones del norte de Chile.

El cronograma bajo presión y los plazos fijados

Tras la presión ejercida por el parlamentario y otros miembros de la instancia, la Comisión de Hacienda se vio obligada a oficializar el calendario de trabajo para los próximos días. La votación en general del proyecto quedó programada para este jueves al mediodía en las dependencias del Ex Congreso en Santiago, un hito que marcará el primer termómetro real del apoyo que tiene el Gobierno para su propuesta.

Posteriormente, se estableció un plazo hasta la medianoche del lunes siguiente para el ingreso de indicaciones. Este periodo será fundamental para el bloque liderado por Araya, ya que en ese lapso deberán redactar la «batería de indicaciones» que pretende reformular el espíritu de la ley. La votación en particular, donde se discutirá artículo por artículo, se llevará a cabo entre el martes y el miércoles, con la meta de despachar el proyecto hacia las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo antes de su llegada a la Sala de la Cámara.

El desafío de la consistencia técnica

Finalmente, Jaime Araya insistió en que no se puede improvisar en una discusión que afecta la estructura tributaria y el fomento productivo del país. Para el diputado, el desafío no es simplemente recaudar fondos para la reconstrucción tras las emergencias, sino asegurar que dicha recaudación sea justa y no asfixie a los emprendedores.

La exigencia de tiempos prudentes responde a la necesidad de elaborar propuestas que sean «técnicamente sólidas». Araya concluyó que para transformar una reforma que hoy parece ajena a la realidad de la clase media en un instrumento de apoyo real, se requiere rigurosidad y voluntad política para escuchar a quienes representan los intereses de la ciudadanía en los territorios. La semana que viene será clave para ver si el Gobierno cede ante la presión de convertir su proyecto estrella en una «mega reforma para la clase media».