Fuerte controversia generó la filtración de un documento interno del Ministerio de Hacienda que planteaba posibles ajustes al gasto público, incluyendo evaluaciones sobre beneficios sociales clave. Ante el impacto político del caso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a aclarar el alcance del texto y descartó categóricamente recortes directos a ayudas estatales.

“No se va a tocar ningún beneficio social”, afirmó la autoridad, incluyendo explícitamente a la Pensión Garantizada Universal (PGU), uno de los principales apoyos económicos para personas mayores en el país.

Documento interno y ajuste fiscal en evaluación

El origen de la polémica está en un oficio de carácter técnico elaborado por Hacienda en el marco de la preparación del Presupuesto 2027.

Según explicó el propio ministro, el documento corresponde a lineamientos internos de trabajo, que incluyen evaluaciones generales sobre eficiencia del gasto público y revisión de programas estatales, y no a decisiones adoptadas.

En ese contexto, se han analizado distintos escenarios de ajuste fiscal, incluyendo reducciones generales en ministerios y revisiones de programas como parte de una estrategia para ordenar las cuentas públicas.

PGU en el centro del debate

La inclusión de la Pensión Garantizada Universal dentro de estos análisis encendió alertas, dado su impacto directo en millones de personas. Tras la controversia, el Ejecutivo insistió en que no habrá reducción del monto ni eliminación del beneficio.

Pese a descartar recortes directos, el ministro Quiroz sí confirmó que el gobierno avanzará en:

• Revisión de programas públicos.
• Mejor focalización del gasto.
• Control de posibles asignaciones indebidas.

Esto abre la puerta a ajustes administrativos, aunque desde el Ejecutivo recalcan que no implicarán una disminución de beneficios para quienes cumplen los requisitos.

Salud y presión por ajuste

El debate se da en un contexto de estrechez fiscal, donde distintas áreas del Estado enfrentan evaluaciones presupuestarias, incluyendo el sistema de salud.

Especialistas han advertido que cualquier ajuste debe considerar la situación actual del sector, marcada por:

• Altas listas de espera
• Presión en la atención primaria
• Necesidades de financiamiento hospitalario

Críticas desde Atacama

El diputado por Atacama, Juan Santana, cuestionó duramente la situación y apuntó a una contradicción con los compromisos de campaña del gobierno. “Todo el país fue testigo de la promesa de campaña de José Antonio Kast respecto de no afectar el financiamiento de la pensión garantizada universal. Sin embargo, y en medio de la política de recortes presupuestarios del gobierno, se incluye también la sugerencia de recortar en al menos un quince por ciento este beneficio».

«Estamos hablando del financiamiento para el principal sostén de las jubilaciones de miles de adultos mayores a lo largo de todo el país, que, no contar con el aporte estatal de la PGU, simplemente no llegarían a fin de mes. Esta situación es impresentable”, añadió.

Lo que viene

Por ahora, el gobierno insiste en que el proceso corresponde a una etapa de análisis técnico y que el foco estará en la eficiencia del gasto, sin afectar beneficios sociales vigentes.

Sin embargo, el debate continuará en el Congreso durante la discusión presupuestaria, donde se definirá el alcance real de los ajustes y su impacto en la ciudadanía.