La persistente presencia de roedores y focos de insalubridad en diversos establecimientos educacionales de la Región de Atacama ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una prioridad de salud pública. Tras una serie de prohibiciones de funcionamiento que han interrumpido el calendario escolar, la Seremi de Salud lideró una mesa de trabajo de emergencia con el fin de articular una respuesta que, por primera vez, involucra a todos los actores del Estado para atacar el problema de raíz.
Más allá de los muros escolares: Factores externos
Uno de los diagnósticos más relevantes de este encuentro es que la invasión de vectores no se debe únicamente a la higiene interna de las escuelas. Factores como los microbasurales en barrios aledaños, terrenos colindantes sin cierre perimetral y obras de construcción cercanas son los principales «vecinos incómodos» que favorecen la proliferación de plagas.
A esto se suman los desafíos climáticos de la zona y deficiencias históricas en la mantención de infraestructura, especialmente en áreas sensibles como las cocinas. La autoridad sanitaria fue enfática: el objetivo no es solo fiscalizar y cerrar recintos, sino anticiparse mediante una coordinación pública que evite que los estudiantes sigan perdiendo días de clase en una región donde el ausentismo ya es un reto crítico.
Compromiso con la salud y la asistencia
La Seremi de Salud, Silvana Flores, y la Seremi de Educación, Yoris Rojas, coincidieron en que la continuidad educativa no puede verse amenazada por la falta de saneamiento ambiental. En la misma línea, instituciones como JUNAEB, JUNJI y Fundación Integra reafirmaron su compromiso de intensificar las sanitizaciones y revisiones preventivas en las áreas de alimentación.
Desde el Congreso, el diputado Ignacio Urcullú subrayó que la salud de los niños es lo primero y que la coordinación debe ser ahora, antes de que las situaciones de riesgo escalen. Por su parte, la delegada presidencial regional, Sofía Cid Versalovic, destacó que el mandato actual es actuar de manera anticipada y no solo reaccionar cuando las crisis ya están instaladas en las comunidades educativas.
El plan de acción: Cuatro medidas urgentes
Para pasar de las palabras a los hechos, la mesa intersectorial definió un calendario de intervenciones concretas que comenzarán a ejecutarse de inmediato:
Inspecciones preventivas: La Seremi de Salud realizará un despliegue de fiscalizadores para detectar riesgos antes de que se conviertan en causales de cierre.
Catastro de cocinas: El SLEP y JUNAEB entregarán un informe actualizado sobre el estado de la infraestructura donde se preparan los alimentos de los estudiantes.
Cierres perimetrales: Los municipios y el Serviu se encargarán de instalar cierres provisorios en los terrenos baldíos colindantes a las escuelas para evitar que se conviertan en focos de basura y refugio de roedores.
Operativos de limpieza: Se activarán cuadrillas para el retiro masivo de escombros y basura en los perímetros críticos de los establecimientos.
Innovación en la gestión sanitaria
Un avance clave de esta mesa es la creación de un catastro priorizado. Este documento permitirá identificar cuáles son los recintos con mayor riesgo sanitario para focalizar allí los recursos y el monitoreo. La idea es evitar que la burocracia retrase las soluciones que las familias de Copiapó y el resto de la región demandan con urgencia.
La jornada cerró con el compromiso de formalizar estos acuerdos y realizar un seguimiento estricto. La meta es clara: garantizar que cada escuela y jardín infantil de Atacama sea un lugar seguro, limpio y digno para el aprendizaje, devolviendo la tranquilidad a los padres y asegurando que la única preocupación de los alumnos sea su formación académica.
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