La quinta mesa de negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda terminó este miércoles sin humo blanco. Lo que se proyectaba como un posible acuerdo para el reajuste del salario mínimo se convirtió en un nuevo foco de conflicto político y social, luego de que las partes no lograran acercar posiciones sobre el monto que debería regir para los trabajadores chilenos en el próximo periodo.

Ante la falta de consenso, el Ejecutivo tomó una decisión drástica: cerró la instancia de diálogo directo y enviará su propia propuesta al Congreso Nacional para iniciar la tramitación legislativa. Esta medida marca un quiebre en la relación con el mundo sindical, que ahora apuesta todas sus cartas a la presión parlamentaria.

La brecha de los montos: $637.000 vs. IPC

El nudo crítico de la negociación radica en una diferencia de cifras que parece insalvable por el momento. Desde la CUT, la propuesta es ambiciosa y se basa en un imperativo ético: fijar el salario mínimo en $637.000. Según José Manuel Díaz, presidente de la multisindical, este monto es el mínimo necesario para que un trabajador en Chile pueda superar la línea de la pobreza y enfrentar el alza sostenida en el costo de la vida.

En la otra vereda, el Ministerio de Hacienda ha mantenido una postura cauta, ligada estrictamente a criterios macroeconómicos. La propuesta del Gobierno se limita a un reajuste basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se traduciría en un aumento real de apenas $23.000. Para los trabajadores, esta cifra es «insuficiente» y no reconoce el impacto que factores como el precio del petróleo y los alimentos han tenido en el bolsillo diario.

Inflación y poder adquisitivo: El corazón del reclamo

La dirigencia de la CUT sostiene que la mirada del Gobierno es parcial y no considera la realidad de las familias. «Rechazamos la propuesta porque no cumple con las expectativas necesarias», afirmó Díaz tras el cierre de la mesa. Según sus estimaciones, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos meses supera el 20%, lo que genera una brecha que un simple reajuste por IPC no logra cubrir.

Además, el sindicato advirtió que el salario mínimo no funciona de forma aislada. Su valor actúa como base para el cálculo de horas extras, gratificaciones y diversos bonos, por lo que un aumento mezquino termina castigando toda la estructura de ingresos de los trabajadores menos calificados.

Visiones opuestas sobre el empleo y los derechos

Otro punto de fricción es la interpretación de los avances laborales recientes. Mientras el Ejecutivo mira con recelo los aumentos de costos que podrían impactar en las cifras de desempleo, para la CUT estos representan derechos fundamentales que no deben ser usados como moneda de cambio para frenar un reajuste digno. Esta diferencia de enfoque ha generado una desconfianza mutua que impidió cualquier avance en la última reunión.

El nuevo escenario en el Parlamento

Con la negociación directa muerta, la estrategia de la CUT se traslada ahora a Valparaíso. El gremio anunció que iniciará una ronda de conversaciones tanto con parlamentarios del oficialismo como de la oposición. Su objetivo es claro: convencer a los legisladores de que la propuesta del Gobierno es pobre y que el Congreso tiene la facultad de presionar por un reajuste mayor.

«Iremos al Parlamento a plantear nuestras posiciones y a hacer ver que hoy las cosas son más caras que hace unos meses», advirtió Díaz. Se espera que la discusión legislativa sea compleja, ya que el Gobierno buscará mantener la disciplina fiscal, mientras que los sectores más cercanos a la base social intentarán subir la vara del sueldo mínimo en un año marcado por la presión económica sobre la clase media y los sectores más vulnerables.