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Con seguimiento a cámaras de seguridad Fiscalía descartó presunto delito de sustracción de menor en Tierra Amarilla

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La Fiscalía de Copiapó y la PDI descartaron un presunto intento de secuestro en Tierra Amarilla tras confirmar que el estudiante involucrado inventó la historia. El despliegue policial, que incluyó revisión de cámaras y declaraciones, permitió establecer que el menor nunca estuvo en peligro, versión que fue ratificada por su propia madre.

La tranquilidad de la comuna de Tierra Amarilla se vio abruptamente interrumpida este martes tras la difusión de una noticia que encendió todas las alarmas: el presunto intento de secuestro de un estudiante menor de edad. La información, que comenzó a circular rápidamente a través de redes sociales y grupos de mensajería de apoderados, describía una situación de extrema gravedad que obligó a las autoridades a reaccionar con máxima celeridad. Sin embargo, tras horas de incertidumbre, la justicia entregó un veredicto tajante: la historia fue inventada.

El despliegue inmediato de las autoridades

Apenas se dio a conocer el supuesto incidente, la Fiscalía Local de Copiapó, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), activó un operativo de emergencia. No era para menos. En un contexto nacional donde la seguridad pública y la protección de la infancia son temas sensibles, un intento de sustracción de un menor en las cercanías de un establecimiento educacional no podía ser ignorado.

El fiscal jefe de la capital regional, Christian González, tomó el mando de la situación y ordenó a los detectives de la PDI desarrollar diligencias urgentes. El objetivo era doble: por un lado, asegurar el bienestar del menor y, por otro, identificar el vehículo o a los sujetos que, según el relato inicial, habrían intentado llevarse al estudiante por la fuerza.

La tecnología que desmanteló el relato

El trabajo policial se centró en dos ejes fundamentales: la toma de declaraciones y el análisis técnico. Mientras un equipo de psicólogos y detectives conversaba con el entorno del estudiante, otro grupo se dedicó a rastrear cada minuto del trayecto reportado mediante la revisión de las cámaras de seguridad municipales y privadas de Tierra Amarilla.

Fue precisamente el ojo de las cámaras lo que empezó a sembrar las primeras dudas. Al contrastar el testimonio del menor con las imágenes captadas en el sector y la hora señalada, los investigadores notaron que la realidad no coincidía con el relato. No había vehículos sospechosos, ni movimientos erráticos, ni señales de lucha o persecución. Las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban.

La confesión: Un alivio teñido de preocupación

Tras verse enfrentado a las inconsistencias y al avance de la investigación, la verdad salió a la luz. El fiscal Christian González confirmó que la denuncia no era efectiva. El menor, que se encontraba en buen estado de salud, reconoció que la versión del intento de sustracción había sido una invención propia.

Este vuelco fue corroborado por la madre del estudiante, quien en su declaración oficial ante la policía señaló que su hijo le admitió la falsedad de los hechos. Si bien el desenlace trajo alivio al descartar la presencia de una banda dedicada al secuestro en la zona, también dejó una profunda reflexión sobre el impacto de las noticias falsas y la presión que sienten los jóvenes en la actualidad.

El impacto en la comunidad y el llamado a la calma

El caso de Tierra Amarilla sirve como un recordatorio del poder de la desinformación. Durante las horas que duró la incertidumbre, el temor se apoderó de muchos padres, quienes incluso evitaron enviar a sus hijos a clases o reforzaron las medidas de seguridad de manera improvisada.

Las autoridades recalcaron que, aunque siempre es mejor denunciar ante cualquier sospecha, es fundamental que la información que circula en comunidades digitales sea verificada. En este caso, la rápida acción de la Fiscalía y la PDI permitió desmentir el rumor antes de que la histeria colectiva escalara a niveles incontrolables. El estudiante, finalmente, fue entregado a su familia bajo la supervisión de los organismos correspondientes, cerrando un episodio que, aunque ficticio en su origen, tuvo consecuencias muy reales para la percepción de seguridad en Atacama.

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