La Contraloría General de la República de Chile rechazó la toma de razón de contratos especiales de operación de litio (CEOL) en la zona de Quillagua, obligando al Ejecutivo a revisar en profundidad su estrategia para uno de los recursos más relevantes de la transición energética.

Desde el Ministerio de Minería de Chile, la respuesta fue clara: los convenios heredados de la administración anterior deberán ser reevaluados bajo criterios más rigurosos. En una declaración oficial, la cartera señaló que el rechazo del organismo fiscalizador “justifica una revisión profunda y seria de todos los antecedentes asociados a estos decretos”.

Reparos formales y dudas sobre el mecanismo

El conflicto no es nuevo, en enero, la Contraloría —liderada por Dorothy Pérez— había advertido inconsistencias en el proceso de adjudicación de los CEOL, particularmente en el uso de trato directo para asignar contratos a privados.

Durante abril, la situación escaló: no solo se rechazó uno de los acuerdos por cuestionamientos a la idoneidad de la empresa involucrada, sino que además se paralizó otro contrato vinculado a un proyecto en el salar de Ascotán, asociado a Quiborax y Codelco.

Según la propia Contraloría, estos procesos deben ajustarse estrictamente a principios de legalidad, transparencia y probidad administrativa, tal como establece su rol constitucional de control.

Estrategia del litio en entredicho

El escenario golpea directamente la implementación de la Estrategia Nacional del Litio de Chile, impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca aumentar la participación del Estado en la explotación del mineral y promover asociaciones público-privadas.

Expertos coinciden en que el problema no radica en el fondo de la política, sino en su ejecución. El abogado Eduardo Cordero advierte que los reparos apuntan a aspectos que “debiesen haber sido estudiados y resueltos con anterioridad”, especialmente en materia de adjudicación de contratos y cumplimiento de normas administrativas.

En la misma línea, el especialista Cristián Quinzio sostiene que las objeciones reflejan deficiencias estructurales en cómo se diseñó la asignación a privados, particularmente en casos donde no se justificó adecuadamente la asignación directa en lugar de una licitación pública.

Riesgo de retrasos y señales al mercado

Uno de los principales temores es el impacto en los tiempos de ejecución. De acuerdo con especialistas, si los contratos deben reformularse mediante licitaciones, el desarrollo de proyectos podría retrasarse hasta un año y medio.

Desde el Ministerio de Minería, sin embargo, recalcan que el objetivo se mantiene en avanzar en nuevos proyectos bajo el marco legal vigente, pero entregando mayor certeza jurídica a los inversionistas.

Esta señal es clave en un contexto global donde la demanda por litio sigue creciendo, impulsada por industrias como la electromovilidad y el almacenamiento de energía, tal como han destacado organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía en sus reportes sobre minerales críticos.

Un nuevo ciclo en disputa

El Gobierno insiste en que Chile no puede perder una nueva oportunidad. “Debemos aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó”, señalaron desde la cartera.

Sin embargo, el desafío ahora no solo es económico, sino también institucional: corregir los errores administrativos y diseñar mecanismos que cumplan con las exigencias de la Contraloría sin frenar la inversión.

El desenlace de este proceso será clave para definir el ritmo con que Chile avanzará en la explotación de uno de sus recursos estratégicos más importantes.