Hasta la Contraloría General de la República llegaron este viernes el senador Daniel Núñez, junto a Mery Cortez —madre del joven Romario Veloz— y su equipo jurídico. El objetivo de la presentación ante la contralora Dorothy Pérez es determinar si se utilizaron recursos fiscales para costear la defensa legal del exmilitar José Faúndez, condenado por el homicidio de Romario Veloz y las graves lesiones de otros dos manifestantes en La Serena.

Faúndez se encuentra cumpliendo una pena de 15 años de presidio, sentencia ratificada a inicios de 2024. Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando el entonces capitán del Ejército ordenó disparar munición de guerra contra civiles, resultando en la muerte de Veloz y dejando con secuelas permanentes a Rolando Robledo y César Véliz.

Dudas sobre el financiamiento de la defensa

El senador Núñez fue enfático en señalar que el uso de dinero público en estos casos sería una irregularidad grave. “Solicitamos que se indague si la defensa de José Faúndez fue financiada con recursos públicos. Tenemos el temor de que esto se haya hecho a través de la Defensoría Penal Militar o mediante la contratación de abogados con pago de honorarios estatales”, apuntó el parlamentario.

Alerta por posible indulto presidencial

La preocupación de la familia y el legislador no solo radica en lo económico, sino también en la permanencia de Faúndez en prisión. El grupo planteó su inquietud ante el anuncio de posibles indultos por parte del Presidente José Antonio Kast, quien durante su campaña sostuvo reuniones con el ahora condenado.

“Nos mantenemos vigilantes por la amenaza de impunidad. En cualquier minuto puede cursarse un indulto a este criminal. Después de años de lucha para lograr que fuera a la cárcel, hoy podría quedar libre si es indultado”, agregó Núñez.

La voz de las víctimas

Por su parte, Mery Cortez cuestionó duramente la posibilidad de un «perdonazo» por parte del Ejecutivo, apelando a la falta de justicia hacia las familias de las víctimas.

“Yo me pregunto: ¿Quién pidió perdón a las madres cuando perdimos a nuestros hijos y tuvimos que enterrarlos solas? ¿Por qué se quiere dar un perdonazo a asesinos que han cometido crímenes de lesa humanidad?”, sentenció la madre de Romario.

La presentación ante la Contraloría busca cerrar cualquier flanco de apoyo estatal a quienes han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos, mientras el caso sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia en la Región de Coquimbo.