La última medición de la Encuesta Criteria, correspondiente al mes de abril de 2026, refleja un escenario complejo para el Ejecutivo. Según el sondeo, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 38%, marcando una tendencia a la baja en medio de una agenda marcada por la crisis hídrica y los anuncios económicos.

Por otro lado, la desaprobación se mantiene en niveles críticos, alimentada por una percepción negativa sobre la gestión de las prioridades ciudadanas y el estilo de gobernanza en los últimos meses.

Cuestionamientos al manejo de la emergencia

Uno de los puntos más sensibles del estudio es la Evaluación de la Gestión de Crisis. Un 43% de los encuestados considera «incorrecto» el manejo que el Gobierno ha tenido de la emergencia actual (vinculada a la escasez hídrica y catástrofes climáticas zonales).

Esta percepción de ineficiencia operativa ha golpeado el relato de autoridad del mandatario, instalando la idea de una respuesta tardía frente a las necesidades de las regiones más afectadas por la sequía y la falta de suministro.

Plan de Reconstrucción: Apoyo dividido y dudas fiscales

Respecto al polémico Plan de Reconstrucción Nacional presentado recientemente por La Moneda, los resultados muestran una opinión pública fragmentada:

• 37% se declara a favor de la megarreforma tributaria y de infraestructura.

• 24% se manifiesta en contra, citando riesgos de déficit fiscal.

• El resto de los encuestados aún se mantiene en la incertidumbre o desconoce los detalles técnicos del proyecto. Aunque el apoyo al plan supera al rechazo, no logra capitalizar una mayoría absoluta que le permita al Gobierno presionar con fuerza al Congreso.

El factor político: Entre la desafección y el estancamiento

El informe de Criteria sugiere que el estancamiento económico está pasando factura a la figura presidencial. La caída en el respaldo coincide con la discusión sobre los recortes en programas sociales (como Junaeb) y la eliminación de franquicias de capacitación, medidas que han sido leídas por la ciudadanía como un ajuste que afecta a la clase media.

En este contexto, el desafío para el 2026 será revertir la percepción de desorden administrativo para evitar que la aprobación siga perforando el piso del 35%.