El Primer Tribunal Ambiental enfrenta una agenda clave para la Región de Atacama. En jornadas recientes, los ministros han revisado expedientes que involucran a dos de los proyectos más grandes de la zona: la continuidad operacional de Minera Candelaria y el cumplimiento ambiental de la línea de transmisión Cardones-Polpaico de Interchile S.A.

Comunidades Indígenas vs. Candelaria 2030

En dos audiencias paralelas, el Tribunal analizó las reclamaciones interpuestas por las comunidades indígenas Wayra Mata Tujsi y Colla Tata Inti, pertenecientes al Pueblo de Los Loros. Ambas agrupaciones buscan revertir la calificación ambiental favorable del proyecto “Candelaria 2030 – Continuidad Operacional”.

Comunidad Wayra Mata Tujsi (Rol R-105-2024): Cuestionó la inadmisibilidad de su reclamación original y expuso reparos sobre la participación ciudadana, los niveles de emisiones y los riesgos socioambientales.

Comunidad Colla Tata Inti (Rol R-146-2025): Alegó deficiencias críticas en la evaluación, enfocándose en el impacto del material particulado, el cambio climático y la falta de una consulta indígena adecuada.

Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Compañía Minera Candelaria defendieron la legalidad del proceso, asegurando que todos los impactos fueron abordados. Tras escuchar los alegatos, el Tribunal decretó medidas para mejor resolver, oficiando a diversas instituciones para precisar la ubicación y actividades de las comunidades reclamantes antes de dictar sentencia.

El conflicto de Interchile: ¿Nueva resolución o cumplimiento de condena?

En otra arista judicial de alta relevancia económica, el tribunal revisó la reclamación de Interchile S.A. en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La empresa busca que se le aplique un 25% de descuento sobre una multa que hoy asciende a 1.730 UTA (más de mil cuatrocientos millones de pesos).

La disputa surge tras la ejecución del proyecto “Cardones-Polpaico”. Aunque la multa original fue de 2.430 UTA en 2021, una sentencia previa del Tribunal Ambiental (confirmada por la Corte Suprema) obligó a la SMA a rebajar el monto.

Los argumentos en estrado

El abogado de Interchile, Matías Montoya, sostuvo que la resolución que fijó el nuevo monto debe considerarse una «nueva resolución sancionatoria». Según su postura, esto habilitaría a la empresa a pagar con el beneficio de pronto pago (25% de rebaja) dentro de los cinco días hábiles.

“Nadie puede aprovecharse de su propia negligencia. Cuando un tribunal obliga a la SMA a modificar la calificación y el monto de la sanción, no queda más que entender que es una nueva resolución”, enfatizó Montoya.

Desde la vereda opuesta, el abogado de la SMA, Francisco Sepúlveda, argumentó que el beneficio se perdió irrevocablemente cuando la empresa decidió impugnar judicialmente la sanción original en lugar de pagarla.

“Hay dos condiciones para el descuento: que no haya reclamación y que se pague en un plazo de 5 días. La nueva resolución no constituye una nueva instancia, sino el cumplimiento de una sentencia anterior”, precisó Sepúlveda.

Próximos pasos

El caso del «Plan de Expansión Cardones-Polpaico» quedó con acuerdo adoptado por los ministros. Se designó a la Ministra Sandra Álvarez Torres para la redacción de la sentencia definitiva, la cual determinará si Interchile tiene derecho al millonario descuento o si debe pagar la totalidad de la multa impuesta.