El ecosistema de medios y la industria creativa chilena han manifestado su profundo rechazo ante la reciente presentación del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. La controversia radica en la inclusión del Artículo 8, una disposición que busca modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir que empresas de Inteligencia Artificial (IA) utilicen contenidos protegidos sin autorización ni pago de licencias.

El impacto de la nueva excepción al derecho de autor

La norma propuesta introduce el artículo 71 T, el cual establece una excepción legal para que cualquier obra lícitamente publicada, como por ejemplo, noticieros, reportajes, archivos sonoros y música, pueda ser reproducida, distribuida y comunicada al público por sistemas de inteligencia artificial. Según el la propuesta, este uso sería lícito siempre que se realice con fines de extracción y análisis estadístico de datos y no constituya una «explotación encubierta».

Para la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), esta redacción es jurídicamente vaga, ya que al no existir criterios claros para distinguir un uso legítimo de uno comercial, la carga de la prueba y los costos de litigación recaerían sobre las emisoras. Esto obligaría a radios regionales y emprendimientos familiares a enfrentar por su cuenta a gigantes tecnológicos globales para defender el valor de su trabajo diario.

El rechazo de ARCHI y la defensa del periodismo territorial

Desde ARCHI, a través de una declaración pública, advierten que esta medida permite que el contenido verificado y producido con esfuerzo por más de 1.000 emisoras se convierta en materia prima gratuita para corporaciones extranjeras. Los radiodifusores, señalan una injusticia estructural, ya que, mientras los medios locales asumen la producción y verificación en un entorno económico adverso, las plataformas globales capturan la inversión publicitaria y, ahora, pretenden apropiarse del valor informativo sin retribución alguna.

La asociación enfatiza que el derecho de autor es la base económica que sostiene un periodismo profesional y territorial. Por ello, han solicitado formalmente al Gobierno que retire esta norma de un proyecto cuya naturaleza, es la reconstrucción económica y no la regulación de la propiedad intelectual.

Anatel y la vulneración de los estándares editoriales

Por su parte, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) expresó su preocupación por el alcance masivo de esta norma, en este sentido, los canales de televisión destacan que sus contenidos informativos y culturales requieren de altos estándares editoriales e inversión, los cuales quedarían sin control ni reconocimiento bajo este nuevo marco legal.

Anatel recuerda que esta disposición ya fue discutida y rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados durante la tramitación de la ley específica sobre Inteligencia Artificial. Al reintroducirla en un proyecto de ley general con ideas matrices diferentes, se ignora la tendencia internacional que apunta hacia acuerdos de licenciamiento y compensación justa entre los medios de comunicación y las empresas tecnológicas.

SCD y la desprotección de los creadores nacionales

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) también se sumó a las críticas, calificando la iniciativa como un retroceso en un debate que se consideraba cerrado y zanjado. Según la organización, el artículo propuesto sobrepasa cualquier límite de protección a la autoría, al eliminar el requisito de autorización expresa de los titulares.

La SCD sostiene que la normativa promueve un desequilibrio total en perjuicio de autores, compositores e intérpretes musicales. Al no acotar la excepción a fines de investigación científica o fines no lucrativos, se estaría facilitando el despojo de derechos de los creadores en favor de grandes conglomerados informáticos, lo cual vulnera los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Un llamado a un debate legislativo específico

Las tres organizaciones coinciden en que el crecimiento y desarrollo del país no debe realizarse a costa de los derechos de los creadores y los medios de comunicación. La solicitud unánime es que el Ejecutivo traslade esta discusión al marco legislativo correspondiente, como lo es el proyecto de ley que regula los sistemas de IA, actualmente en el Senado. Para que, de esta forma, se pueda garantizar una participación real de todos los sectores afectados y se resguarde el pluralismo y la sostenibilidad del ecosistema informativo nacional.