Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió alarmas tras revelar un desequilibrio presupuestario en diversas municipalidades. El documento, que analiza el periodo 2024-2025, expone que varios gobiernos locales destinaron mayores recursos económicos a la realización de celebraciones y festejos que a la asistencia social directa para personas naturales en situación de vulnerabilidad.

El análisis de Contraloría pone especial énfasis en la priorización del gasto público, detectando que en diversas localidades la inversión en eventos y logística como producción, catering y arriendo de equipos, sobrepasó significativamente los fondos asignados para apoyos directos a los vecinos. En la región, junto a Sierra Gorda, San Pedro de Atacama también mostró brechas críticas que superan los $90 millones de diferencia en favor de las festividades.

Sierra Gorda: El gasto per cápita más alto

Entre todas las regiones, Antofagasta tiene dos comunas bajo la lupa de la Contraloría. En los casos más destacados del reporte figura la municipalidad de Sierra Gorda, donde según el ente fiscalizador, la administración desembolsó un total de $297.290.560 en celebraciones, considerando su población de 1.472 habitantes, el gasto promedio alcanza los $201.964 por persona, una cifra que supera con creces el promedio nacional de $9.064 por habitante y sitúa a la comuna en los primeros lugares de gasto per cápita a nivel país.

La capital regional no se queda atrás en el listado nacional, situándose como la cuarta comuna con mayor desembolso total en festejos, acumulando más de $472 millones entre 2024 y 2025. Sin embargo, el impacto en las comunas rurales es lo que más preocupa debido a la baja densidad demográfica, donde los montos por habitante reflejan una gestión de recursos que ha sido calificada como «delicada» por diversos actores locales.

Cifras bajo sospecha

A nivel nacional, el gasto en celebraciones superó los $31 mil millones, con un 39% de los recursos orientados a servicios de producción y logística. El informe advierte que ninguna de las 73 entidades fiscalizadas logró acreditar la total confiabilidad de sus estados financieros, lo que abre un debate profundo sobre la transparencia y el uso eficiente del presupuesto público en la región.