La Tesorería General de la República (TGR) dio inicio a un proceso intensivo de recuperación de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida responde al crecimiento exponencial de este pasivo, que para 2025 alcanzó los $4 billones, multiplicándose por ocho en comparación a las cifras de 2018.

Actualmente, más de 550 mil personas se encuentran en mora. En estos casos, el Estado -tras haber pagado la garantía a los bancos- asume el rol de acreedor y busca recuperar los recursos fiscales mediante un plan segmentado por nivel de ingresos.

Acciones judiciales para deudores de altos ingresos

La estrategia de la TGR es drástica para quienes registran mayores rentas. A partir de hoy, se inician los juicios ejecutivos contra deudores con ingresos mensuales superiores a $5.000.000 brutos.

• Sin convenios: Este segmento no tendrá acceso a convenios de pago.
• Medidas coactivas: El proceso judicial puede incluir el embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones y otros activos financieros, bajo el marco legal vigente.

Convenios de pago: ¿Quiénes pueden acceder?

Para las personas con ingresos inferiores a $5 millones brutos (según la Operación Renta 2025) y deudas iguales o superiores a 1 UTM, la TGR ha habilitado opciones de regularización:

• Plataforma digital: El trámite se realiza en tgr.cl/cae utilizando Clave Única o Clave Tributaria.
• Acreditación de ingresos: Quienes no declaren renta pueden presentar su certificado de cotizaciones previsionales.
• Situación de cesantía: Quienes tengan ingresos registrados pero estén actualmente cesantes, podrán acreditar su condición a través de la Oficina Virtual de la TGR.
• Residentes en el extranjero: Quienes vivan fuera del país y no coticen en Chile también pueden gestionar convenios de manera remota acreditando su situación documentalmente.

¿Cómo conocer el detalle de la deuda?

Quienes deseen consultar el detalle, puede dirigirse directamente al sitio web de la Tesorería mediante el Formulario 34.

El llamado de la institución es a informarse y utilizar los canales disponibles para evitar el avance de las acciones de cobro y asegurar la equidad en el cumplimiento de las obligaciones estudiantiles.