La alcaldesa de Caldera, Región de Atacama, presentó una acción judicial contra el proyecto de construcción de un mega puerto en el borde costero de la comuna, argumentando que su instalación afectaría directamente el hábitat de la tortuga laúd, especie en peligro de extinción. La medida busca frenar o modificar los permisos ambientales otorgados hasta ahora y asegurar que se respeten las normas de protección de especies vulnerables.

El conflicto ha generado tensión entre autoridades locales, ambientalistas y los promotores del proyecto, quienes sostienen que la iniciativa traerá beneficios económicos y empleos para el territorio. Sin embargo, desde el municipio y organizaciones ecologistas sostienen que los posibles efectos ambientales podrían ser irreversibles para la fauna marina y los ecosistemas costeros, especialmente en un área donde habitan tortugas que ya enfrentan amenazas por la acción humana y el cambio climático.

En su denuncia, la alcaldesa enfatiza que la protección del hábitat de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) debe ser prioritaria y que la planificación de infraestructuras portuarias requiere estudios más exhaustivos y vinculantes que garanticen la conservación biológica. Además, se espera que la justicia analice si los permisos ambientales otorgados hasta ahora cumplieron con los estándares de evaluación de impacto ecológico y con la normativa protectora de especies en riesgo.

Organizaciones civiles y comunidades costeras han respaldado la postura municipal, realizando manifestaciones y entregando antecedentes técnicos que apuntan a la sensibilidad del ecosistema afectado. Por su parte, los impulsores del mega puerto han indicado que continuarán con los procedimientos administrativos pertinentes, aunque reconocen la apertura al diálogo y a incorporar posibles ajustes que mitiguen los impactos ambientales.

Este conflicto pone de relieve las tensiones que existen entre el desarrollo de infraestructura productiva y la protección ambiental en zonas litorales, especialmente cuando se trata de especies en peligro de extinción. La resolución del caso podría sentar un precedente en cómo se evalúan proyectos de gran envergadura frente a los desafíos de la conservación biológica en Chile.