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Escala conflicto laboral en Atacama: Corte de Copiapó autoriza desalojo en desalinizadora de Mantoverde

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La Corte de Apelaciones de Copiapó permitió el uso de fuerza pública para desbloquear la planta desalinizadora vinculada a Mantoverde, en medio de una huelga prolongada del Sindicato N°2 que intensifica el conflicto laboral y amenaza la continuidad operativa en la región.

La Corte de Apelaciones de Copiapó autorizó el uso de fuerza pública para despejar el bloqueo ilegal que mantiene el Sindicato N°2 en los accesos a la planta desalinizadora de Minera Mantoverde, infraestructura estratégica para la operación minera en la Región de Atacama. La decisión judicial se produce en medio de una huelga prolongada que permanece activa desde inicios de enero y que ha tensionado el desarrollo de las faenas.

La planta desalinizadora, ubicada a unos 40 kilómetros de la operación principal, es clave para el suministro de agua necesario en los procesos productivos y las condiciones básicas de seguridad dentro de la mina. Su bloqueo por parte de trabajadores sindicalizados ha impedido el normal funcionamiento de esta infraestructura, lo que llevó a la empresa a solicitar resguardo judicial para garantizar el acceso.

La huelga se desató tras el rechazo por parte del sindicato a la última oferta de la compañía, que consideraron insuficiente y discriminatoria, provocando la paralización de actividades y bloqueos en puntos de acceso. En respuesta, la minera ha debido activar medidas especiales, incluyendo el uso de helicópteros para trasladar personal técnico y así mantener funciones mínimas en la planta, mientras continúa la negociación.

Con la autorización de desalojo, las autoridades judiciales habilitan a Carabineros y otras instituciones a intervenir para retirar a los trabajadores que mantienen el bloqueo, priorizando restablecer el libre tránsito a una instalación vital para la continuidad productiva. Este fallo marca un punto clave en la escalada del conflicto laboral, que ahora combina negociaciones sindicales con medidas judiciales para mantener el orden y la operatividad.

El desarrollo de este proceso será seguido de cerca tanto por la empresa como por el sindicato y las autoridades regionales, ya que las decisiones tomadas en los próximos días podrían definir no solo la continuidad de la huelga, sino también las condiciones de trabajo y seguridad en las operaciones mineras de la zona.

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