La Universidad de Antofagasta fue condenada a pagar una indemnización de $60 millones por impedir que una licenciada en Derecho obtuviera su título profesional, pese a haber cumplido con los requisitos establecidos. Así lo resolvió el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta, tras comprobar que la casa de estudios actuó en contradicción con su reglamento de homologación de asignaturas.

El caso se originó cuando Olga Zlatar, quien había cursado previamente estudios en la Universidad de Chile, se matriculó en 2017 en la Universidad de Antofagasta para finalizar su carrera. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema ratificó que no podía titularse como abogada, debido a que la institución reconoció un 79,4% de su plan de estudios, superando el límite permitido en su normativa interna.

La sentencia determinó que la universidad incurrió en negligencia grave al aceptar su ingreso sin respetar las propias reglas institucionales, lo que atentó contra la buena fe contractual. Además, el fallo sostiene que la institución no adoptó medidas para enmendar el perjuicio causado ni actuó con diligencia ante la irregularidad administrativa.

El tribunal ordenó a la Universidad de Antofagasta pagar la suma con reajustes e intereses, reconociendo el daño moral causado a la afectada, quien vio truncado su legítimo derecho a ejercer profesionalmente. El fallo subraya la responsabilidad de las casas de estudio de garantizar procesos claros, coherentes y respetuosos de sus compromisos académicos.