Un año y cuatro meses después del brutal asesinato de la estudiante Paulina Cáceres Espinoza, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle entregó su veredicto: el acusado, un adolescente de 17 años al momento de los hechos, identificado por las iniciales L. M. P, fue declarado culpable por el delito de femicidio íntimo, además de tenencia ilegal de arma de fuego adaptada y tenencia ilegal de municiones.
La Fiscalía logró acreditar ante el tribunal que el crimen no fue accidental, ni ocurrió en contexto de manipulación o juego, como sostuvo el imputado en su defensa. Por el contrario, las pericias fueron claves para demostrar que el disparo fue intencional y dirigido.
“Fue relevante para el tribunal la pericia balística del Labocar de Carabineros de Coquimbo. Esto no fue un disparo accidental, no fue en contexto de manipulación del arma o de un juego como pretendió sostener el imputado. Hubo dolo directo de matar a la víctima, por la posición en que ella recibió el disparo y por la trayectoria del proyectil”, explicó el fiscal jefe de análisis criminal y focos investigativos, Eduardo Yáñez.
Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2024. Paulina Cáceres, estudiante de tercero medio del colegio Santa María Eufrasia de Ovalle, se encontraba en la vivienda del acusado (su pareja en ese entonces), cuando recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladada al Hospital Provincial de Ovalle, donde falleció al día siguiente, el 1 de abril.
Ambos jóvenes tenían 17 años y la relación entre ellos llevaba apenas tres meses. Desde el primer momento, la familia de Paulina sospechó que se trataba de un femicidio, mientras la defensa del imputado intentó instalar la versión de un accidente.
También cuestionó cómo se abordó el juicio: “Creo que no se tomó el peso real de la situación. Lo que hizo fue brutal y aunque él no tuviera antecedentes previos, eso no justifica el crimen. No sé qué tan ‘intachable’ puede ser alguien que asesinó a mi hermana así”, expresó.
La Fiscalía solicitó la pena máxima contemplada en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. La defensa, en cambio, pidió una pena menor de 3 años, en régimen semicerrado
La familia espera que el tribunal imponga la sanción más alta posible. Sin embargo, Carolina cree que la justicia sigue siendo insuficiente: “Aunque le den los 10 años, sabemos que eso no significa que los va a cumplir completos. Siempre hay beneficios. La ley debería ser más dura, sobre todo en casos como este, que son femicidios”, señaló.
Carolina hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad. “Ya es hora de que se tomen en serio estos casos. Hay que endurecer las penas, prevenir, proteger a las niñas. Y también hay que denunciar. Si alguien sabe que una amiga, una hermana, una hija está siendo violentada, que hable. A veces se puede salvar una vida”.
En esa instancia, el tribunal decidirá si acoge la solicitud de la Fiscalía, que pide la pena máxima de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social o si opta por una sanción menor, como la que plantea la defensa.



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