La deportación de más de 600 ciudadanos colombianos desde cárceles ecuatorianas generó tensión diplomática entre ambos países. Según informó el Gobierno de Colombia este sábado, la medida fue adoptada sin previo acuerdo por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, lo que desató críticas por la falta de coordinación entre ambos Estados.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy se trasladó al paso fronterizo de Rumichaca para recibir a los connacionales y supervisar que se respeten sus derechos durante el proceso. Hasta el momento, han ingresado 450 personas, mientras que el resto permanece en espera en el puente binacional. Colombia aseguró que solo tiene los antecedentes judiciales de 348 expulsados y solicitó formalmente la información restante a Ecuador.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano defendió la deportación mediante un comunicado, asegurando que se enmarca dentro del derecho internacional y reafirmando su respeto por los derechos humanos. Sin embargo, desde Bogotá cuestionan la forma en que se ejecutó la medida, alegando que se desoyeron reiterados llamados para acordar un protocolo común.

La deportación ocurre en un contexto de crisis carcelaria en Ecuador, donde las prisiones enfrentan hacinamiento y fuerte influencia de bandas delictivas. El presidente Noboa ha prometido recuperar el control de los recintos penitenciarios, y esta medida, según expertos, buscaría aliviar esa presión, aunque a costa de nuevos roces diplomáticos con Colombia.