La quema de basura sigue siendo una práctica extendida en zonas periféricas y sitios ilegales del norte de Chile, especialmente en regiones como Antofagasta, que lidera la generación de residuos por habitante en el país. Sin acceso a sistemas formales de gestión de residuos, muchas comunidades optan por incinerar desechos como método de eliminación rápida.

Esta práctica libera al aire dioxinas, furanos, metales pesados y gases tóxicos, con efectos directos sobre la salud humana. Vecinos de sectores cercanos a microbasurales informan aumentos en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y daños neurológicos, según advierten expertos y entidades como el Colegio Médico de Antofagasta.

A nivel ambiental, la quema de residuos contamina el suelo y las aguas subterráneas, reduciendo la fertilidad del terreno y alterando ecosistemas. Un caso visible es la Reserva Nacional La Chimba, en Antofagasta, donde científicos han documentado el impacto en la biodiversidad por la proximidad al exbasural del mismo nombre.

Además del daño ecológico, estas quemas deterioran la calidad de vida y el valor económico de las viviendas aledañas. Predios colindantes a basurales pueden perder hasta un 70% de su valor fiscal. Frente a este panorama, autoridades y expertos coinciden en la urgencia de frenar esta amenaza silenciosa mediante políticas estructurales de manejo de residuos y fiscalización efectiva.