El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fue apartado de la investigación del caso ProCultura luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la causa. El tribunal determinó que las resoluciones que autorizaron dichas medidas vulneraron garantías constitucionales, lo que llevó a la eliminación de las pruebas obtenidas mediante estas diligencias.

La decisión judicial se suma a las críticas que Cooper ha enfrentado por su manejo de otras investigaciones sensibles, como el caso Sierra Bella, que involucra a la exalcaldesa Irací Hassler y a la diputada Karol Cariola. En este contexto, los diputados oficialistas presentaron una solicitud de remoción en su contra, acusándolo de negligencia y de actuar sin perspectiva de género durante un allanamiento al domicilio de Cariola mientras ella se encontraba dando a luz.

Cooper también fue cuestionado tras fijar el foco en el presidente y solicitar interceptar el teléfono del presidente Gabriel Boric, acción denegada por el tribunal. La tensión entre el Ministerio Público y el gobierno crece, con acusaciones de espionaje político por parte del Frente Amplio, que ha defendido al mandatario y negado vínculos financieros con la Fundación ProCultura.

La remoción de Cooper del caso ProCultura representa un revés significativo para la investigación, que ahora deberá continuar sin las pruebas obtenidas mediante las interceptaciones declaradas ilegales.