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Milei endurece la política migratoria en Argentina con nueva reforma

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Un Decreto de Necesidad y Urgencia limitará el acceso de extranjeros a servicios públicos, permitirá deportaciones más rápidas y exigirá nuevos requisitos para obtener residencia y ciudadanía.

por | May 15, 2025 | Agenda

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este martes una polémica reforma migratoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca restringir el acceso de los inmigrantes a servicios públicos, limitar el ingreso de personas con antecedentes penales y endurecer los requisitos para obtener residencia y ciudadanía en el país.

Las nuevas medidas, que aún no han sido publicadas oficialmente pero fueron informadas por la Casa Rosada, marcan un cambio radical en la política migratoria argentina. Entre los puntos más polémicos, el decreto permite deportar a cualquier extranjero condenado por un delito, incluso si la pena es leve, y rechazar la entrada de personas con antecedentes penales. Por otra parte, quienes sean sorprendidos cruzando por pasos fronterizos no habilitados serán expulsados de forma inmediata.

En cuanto a servicios básicos, el gobierno anunció que los extranjeros deberán pagar por la atención médica en hospitales públicos, excepto en casos de emergencia. Las universidades también podrán cobrar matrícula a estudiantes extranjeros con residencia temporal, aunque la educación escolar seguirá siendo gratuita. El argumento del gobierno es que estas medidas buscan “restaurar el orden” y priorizar los recursos del Estado para los ciudadanos argentinos.

Otro de los cambios importantes es que la ciudadanía solo se podrá obtener tras dos años de residencia continua o mediante una inversión económica significativa en el país. También se exigirán pruebas de ingresos y antecedentes limpios para acceder a la residencia permanente. Además, se acortarán los plazos de apelación en caso de deportación, lo que podría afectar el derecho a defensa de las personas migrantes.

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya han manifestado su preocupación, indicando que este tipo de decisiones requieren debate parlamentario y pueden vulnerar derechos fundamentales. La última vez que se intentó una reforma similar fue en 2017, pero fue declarada inconstitucional. Sin embargo, el gobierno de Milei afirma que esta vez se han considerado las críticas que recibió el decreto anterior. 

Por: Joseffa Rojas González

Fotografía por: BBC News.

 

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