El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta intervenir el teléfono celular del presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación del Caso Procultura, que indaga un posible financiamiento irregular de sus campañas políticas, según información entregada por La Tercera.

La petición fue realizada en noviembre de 2024 mediante un informe de 26 páginas y se basó en conversaciones interceptadas al director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, en las que reconoce haber usado dinero destinado a la entidad para la campaña presidencial.

 “Gasté esa plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, esto corresponde a un extracto de la conversación investigada y según Cooper, un indicio de desvío de fondos estatales con fines electorales. Pese a ello, el tribunal rechazó la solicitud de intervención el 15 de noviembre, argumentando que no se justificaba una medida tan intrusiva por la sola relación personal entre Larraín y el mandatario.

El caso encendió el debate político y no dejó esperar las críticas de los parlamentarios de oposición, que emplazaron al presidente Boric a dar explicaciones públicas, mientras la Fiscalía tomó nuevas medidas para evitar filtraciones, como el control de accesos y la trazabilidad de archivos. La causa, que se maneja bajo estricta reserva, está ligada también a presuntos delitos de lavado de activos por parte de la fundación.